Por Daniel Rodríguez Gastélum

Los empresarios aseguran que ya hay órdenes de aprehensión por la «vil extorsión» de Fisamex y el gobierno de Jaime Bonilla 

Patrones afiliados a la Coparmex acusan a la Cespt de cortarles el suministro agua «sin justificación alguna», para extorsionarlos y obligarlos a pagar el monto que determina la auditora Fisamex, lo que ya órdenes de aprehensión contra empleados del organismo público. 

«Y si el usuario se niega a pagar o recurre a los tribunales a cuestionar la legalidad del procedimiento, el Gobernador acude a su órgano ejecutor de facto, la COEPRIS, para que bajo cualquier excusa real o ficticia, clausure la empresa», sostuvo Roberto Rosas, presidente de las oficinas de la Coparmex en Tijuana.

Fisamex recibió un millonario contrato de parte del gobierno de Jaime Bonilla, y ya ha logrado recuperar más de mil millones de pesos por supuestos adeudos de agua, pero el empresario anunció que demandarán la devolución de los pagos en tribunales, lo que dejará un «boquete presupuestal» al próximo gobernador o gobernadora.