ECUADOR.- Las primeras horas de la votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador transcurrieron con normalidad, con incidentes menores y aislados como la detención de un miembro de mesa electoral que, en estado de ebriedad, llenaba papeletas a favor de una candidatura, antes del inicio de la jornada electoral.

Así lo informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, durante el primer reporte del organismo, donde destacó que a las 10:00 hora local se encuentran instaladas la totalidad de las mesas electorales, denominadas en Ecuador juntas receptoras del voto, y la participación hasta esa hora es del 11,78 %.

La detención del hombre en estado de ebriedad, en medio de la ley seca que rige desde el mediodía del pasado viernes en Ecuador, ocurrió en la localidad de Palma Roja, de la amazónica provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.

«El individuo ha sido detenido en flagrancia y se encuentra en manos de las autoridades. Que sobre él recaiga todo el peso de la ley», señaló Atamaint.

La presidenta del CNE señaló que el detenido se enfrenta a una sanción contemplada en el código penal de Ecuador de hasta siete años de cárcel.

«Desde el CNE tomaremos todas las acciones necesarias para una sanción ejemplificadora y que esta acción no vuelva a repetirse. Unos pocos no pueden manchar ni poner en tela de duda la transparencia del proceso», comentó la jefa del ente electoral ecuatoriano.

Atamaint se refirió a un incidente ocurrido en Génova, Italia, que denunció la electora Esther Cuesta en redes sociales, donde de manera alterada señalaba que no había papeletas, una «confusión» según la presidenta del CNE, cuyo «hecho fue corregido inmediatamente».

Más de 13,4 millones de ecuatorianos están convocados este domingo a elegir entre la correísta Luisa González y el joven empresario Daniel Noboa como sucesor del actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, para completar el periodo 2021-2025.

Estas elecciones extraordinarias se celebran después de que Lasso aplicara en mayo pasado la «muerte cruzada,» un mecanismo constitucional con el que disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por la oposición que lideraba el correísmo y que se aprestaba a votar su posible destitución como último paso de un juicio político en el que se le acusaba de presunto peculado (malversación), cargo que él rechaza.