EE.UU.-El gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones a más de una docena de individuos de Guatemala, incluyendo funcionarios, empresarios y particulares, a quienes se acusa de socavar la democracia y el Estado de Derecho al intentar afectar el proceso electoral. El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, hizo el anuncio oficial de estas medidas restrictivas que afectan a personas específicas, cuyos nombres no se han hecho públicos, siguiendo un precedente establecido en situaciones anteriores.

«Estados Unidos rechaza los continuos esfuerzos por socavar la transición pacífica del poder en Guatemala hacia el presidente electo, Bernardo Arévalo. Los guatemaltecos han hablado, y sus voces deben ser respetadas», declaró Miller en una conferencia de prensa.

Estas sanciones llegan en un momento de agitación en Guatemala, marcado por la intensificación de las acciones legales llevadas a cabo por el Ministerio Público contra el presidente electo Bernardo Arévalo, el Movimiento Semilla (el partido que lo llevó al poder), las elecciones, los magistrados electorales y más de 100,000 ciudadanos que participaron voluntariamente en la recolección, conteo y protección de los votos.

Las sanciones, que se han impuesto por lo que se considera «acciones antidemocráticas», incluyen la restricción de visas para ingresar a territorio estadounidense y se extienden a las familias de los sancionados.

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y varios de sus fiscales, incluyendo a Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Morales, así como el juez Fredy Orellana, han llevado a cabo una serie de acciones judiciales contra quienes participaron en el proceso electoral, que incluyen allanamientos a las sedes electorales, la revisión minuciosa de cada voto y la incautación de actas electorales. Estas acciones son parte de investigaciones que incluyen una denuncia por supuesto fraude electoral.

La congresista estadounidense Norma Torres expresó en un comunicado de prensa su respaldo a quienes luchan por la democracia en Guatemala: «Me complace que la administración Biden haya atendido mi llamado de imponer restricciones adicionales a las personas que buscan socavar los resultados de las elecciones presidenciales de Guatemala». Torres hizo un llamado a otras agencias, incluyendo el Departamento del Tesoro, a seguir su ejemplo con acciones igualmente enérgicas contra los actores antidemocráticos en Guatemala.

El juez Orellana emitió una orden para suspender la personalidad jurídica del partido de Arévalo mediante una ley ordinaria, pero el Tribunal Supremo Electoral se negó a hacerlo, argumentando que la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional, otorga esa facultad exclusivamente a esa entidad y que no se puede llevar a cabo durante el periodo electoral, que finalizó el martes.

En una conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió «que se respete la voluntad del pueblo de Guatemala», destacando que la elección de Arévalo fue democrática y que el pueblo eligió a un hombre «íntegro, responsable y honesto».

Las acciones de la fiscalía han generado rechazo tanto a nivel nacional como internacional, y han sido la razón por la que miles de personas, lideradas por organizaciones indígenas, bloquearon durante más de 20 días más de 100 tramos de carretera en señal de protesta. Estas organizaciones han estado frente a las instalaciones de la Fiscalía General durante casi un mes, exigiendo la renuncia de Porras y sus fiscales, a quienes acusan de intentar llevar a cabo un golpe de Estado.

Es importante destacar que Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Fredy Orellana ya habían sido sancionados previamente por el gobierno de Estados Unidos por obstruir la lucha anticorrupción, socavar la democracia y emitir resoluciones judiciales con fines políticos.