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martes, enero 18, 2022

Familias mexicanas huyen de la violencia y se refugian en campamento migrante en Tijuana

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Entre casas de campaña, lonas y casitas hechas con cartón, los emigrantes esperan la hora en que el Gobierno de Estados Unidos les autorice el ingreso a ese país para pedir a un Juez asilo político

María Guadalupe N., es una michoacana y madre soltera que tuvo que huir de su tierra por la “narcoviolencia”. Ella, junto con sus tres hijos menores, viven desde hace un mes en el campamento migrante de Tijuana.

Es una de las treinta familias que se estima conviven diariamente con más de mil migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití y el Congo.

Entre casas de campaña, lonas y casitas hechas con cartón, los emigrantes esperan la hora en que el Gobierno de Estados Unidos les autorice el ingreso a ese país para pedir a un Juez asilo político.

El denominador común entre ellos es que huyeron de sus lugares de origen por la pobreza y la violencia. Hoy, viven, en el llamado nuevo “gueto” de Tijuana.

Desde hace diez días fue instalado un cerco perimetral en el campamento que se ubica justo afuera de la Aduana del Chaparral de Tijuana y la entrada del llamado “PedWest” (cruce peatonal) hacia Estados Unidos.

Al anunciar la instalación del cerco, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, explicó que el objetivo era tener un control de quienes ingresaban y salían al campamento, con fines de seguridad.

De hecho, a través de la Dirección Municipal del Migrante dependiente de la secretaria de Bienestar Social, se les entregó un gafete con nombre y fotografía, incluso, a los menores para poder entrar y salir.

El acceso principal está a cargo de policías preventivos, mientras patrullas y oficiales se hacen cargo de la seguridad perimetral.

Incluso, la presencia del campamento migrante de Tijuana provocó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) determinara que el “Ped West” no se abriría durante la reapertura de los cruces fronterizos.

Mientras los niños migrantes juegan en el piso, con patines y corren entre las carpas y casas de campaña, María Guadalupe N., originaria de Jacona, Michoacán, narró al Heraldo de México: “apenas tengo un mes, (hui) por tanta inseguridad y violencia que estamos pasando allá, atentaron contra la vida de mis hijos, me obligaron a venirme para acá”.

“Llegué con mis tres hijos menores de edad, queremos asilo político en Estados Unidos, pero no nos dan respuesta dicen que está cerrado.  En mi familia (sufrimos la violencia) desde hace tres años, mataron dos tíos y un sobrino está desaparecido”.

Agregó “soy madre soltera y con mis hijos, no tuve más opción. Tengo una tía que está esperando que nos den una respuesta y ella va a responder por nosotros”.

Ella al igual que los cerca de mil migrante puede entrar y salir temprano, pero tiene que mostrar su identificación.

“Nos quitaron la luz hace unos días”, explicó la michoacana. Se refiere al corte de energía eléctrica que realizó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al campamento, al descubrir que se robaban la energía mediante “diablitos”.

Las familias migrantes reciben diariamente comida y artículos de higiene y ropa por parte de los organismos de la sociedad civil.

En el campamento migrante, la Dirección Municipal del Migrante estima que hay unas 30 familias originarias de Michoacán, en especial de Aguililla, donde grupos de la delincuencia organizada se enfrentan desde hace meses; aunque las menos son nativas de Guerrero.

Información El Financiero

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