MÉXICO.- El Gobierno de México ha dado a conocer que logrará la recuperación de US$ 2,5 millones en bienes pertenecientes al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, como parte de una demanda civil presentada en los Estados Unidos contra el exfuncionario, quien enfrenta acusaciones de fraude.
García Luna, quien ocupó un alto cargo durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), fue detenido en diciembre de 2019 en Estados Unidos, enfrentando cargos relacionados con narcotráfico y la supuesta protección al Cártel de Sinaloa. En febrero de este año, García Luna fue declarado culpable de los cinco delitos de los que se le acusaba y actualmente aguarda su sentencia, que podría resultar en una condena de cadena perpetua.
El exfuncionario ha negado consistentemente las acusaciones en su contra, y su defensa ha argumentado que los testigos presentados en su contra buscaban obtener beneficios penales en los Estados Unidos. El abogado de García Luna en Nueva York, César de Castro, ha anunciado su intención de apelar la condena. CNN ha intentado contactar al despacho de De Castro en relación con el anuncio del Gobierno de México, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda, emitió un comunicado el día jueves informando que la jueza Lisa Walsh, en Florida, falló a favor de México y ordenó que se le entregara al país poco más de US$ 2,5 millones en un plazo máximo de 10 días.
CNN ha tratado de obtener acceso a la sentencia de la jueza Walsh a través de la Corte de Florida, pero aún no ha recibido respuesta.
La UIF ha explicado que esta suma incluye US$ 1,9 millones provenientes de los activos de una empresa relacionada con García Luna, así como US$ 555,800 de un departamento que aún no se ha liquidado.
En México, García Luna también enfrenta otras órdenes de arresto por supuestos delitos federales, como delincuencia organizada y lavado de dinero. Además, enfrenta una demanda civil presentada en los Estados Unidos por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de la UIF.
Las autoridades mexicanas afirman que García Luna y su esposa financiaron su empresa y adquirieron diversos bienes con las ganancias obtenidas de contratos fraudulentos. Dentro del juicio civil en curso contra García Luna en los Estados Unidos, México busca recuperar más de US$ 600 millones.
Esta resolución judicial en contra de García Luna en Estados Unidos coincide con la anulación, esta semana, de una orden de arresto en México por presunto enriquecimiento ilícito durante su periodo en la función pública entre 2000 y 2012. Un Tribunal Colegiado en México consideró que no existían pruebas suficientes para acreditar dicho delito. La Fiscalía General de la República (FGR), que había solicitado estas órdenes de arresto, ha expresado su desacuerdo con la decisión del tribunal y ha anunciado su intención de emprender acciones legales contra los magistrados que la tomaron.
De acuerdo con la FGR, esta determinación representa un obstáculo a la justicia, y García Luna aún enfrenta tres órdenes de arresto pendientes en México.