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Habrá cárcel para quien opere tomas clandestinas de agua

Habrá cárcel para quien opere tomas clandestinas de agua

Serán hasta tres años de prisión para particulares, y servidores públicos coaligados podrán pasar hasta cinco años tras las rejas

Tijuana.- El Artículo 322 BIS del Código Penal de Baja California, aprobado por el Congreso del Estado hoy miércoles 17 de junio, penaliza con hasta tres años a quien consuma agua sin autorización, instale tomas clandestinas, rompa o altere aditamentos de los organismos operadores de agua o distribuya agua potable de fuentes no autorizadas.

Según la reforma legal, la Fiscalía General de Baja California deberá perseguir esos delitos de oficios, además de poner multas de hasta 500 veces la Unidad de Medida y Actualización, lo que para especialistas representa un duro golpe al llamado «aguachicoleo» o robo de agua.

Pero la sanción de cárcel es más fuerte para servidores públicos que permitan, participen o autoricen las conductas ya mencionadas, ya que podrán pasar hasta cinco años en la cárcel y pagar 700 Unidades de Medida y Actualización como multas.

Si el servidor público está en el ejercicio de sus funciones podría incluso ser más profundo su proceso penal, además de las sanciones que ya incluye la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.

Hay más: la reforma incluida en el Dictamen 01, presentado por el diputado de Morena, Víctor Morán Hernández, también se incluye el Artículo 61 Bis para el Código Fiscal de Baja California, para considerar delincuente fiscal quien declare datos falsos sobre su consumo de agua, altere medidores o se reconecte mientras se encuentra suspendido el servicio de acuerdo a la ley.

Como parte de la política contra el robo de agua, instrumentada por el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, el Dictamen también permite que a los usuarios comerciales o industriales se les puedan cobrar hasta 10 años de adeudo, ya que solo se podían cobrar cinco años hacia atrás, aunque la deuda sea anterior.

La principal oposición al Dictamen provino del diputado del PRI, David Ruvalcaba Flores, quien expresó que la pandemia de Covid-19 no es el mejor momento para endurecer las sanciones, ya que reduce de tres a un mes el periodo de retraso en el pago que permitirá a organismos como la Cespt cortar el suministro en comercios.

Redacción El Tijuanense / Daniel Rodríguez