Por Daniel Rodríguez Gastélum
El argumento de López Obrador es que Bonilla Valdez invadió atribuciones del gobierno federal
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, impugnó el impuesto ambiental que el gobierno de Baja California pretendía cobrar a la compra de gasolina y gas LP.
En una controversia constitucional fechada el pasado 17 de agosto, el mandatario pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar el impuesto aprobado por el Congreso Local.
El argumento es que el gobierno del estado invadió facultades del Poder Ejecutivo Federal.
Concretamente, se trata de un impuesto del 17 centavos por litro de gasolina o kilogramo de bióxido de carbono, pero según López Obrador la Carta Magna reservó a Poder Legislativo Federal la facultad para gravar el petróleo y sus derivados.