NICARAGUA.-La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús (Jesuitas) ha hecho un llamamiento a la pareja presidencial de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, para que «pongan fin a la represión» en el país tras la reciente cancelación de su personalidad jurídica y la transferencia de todos sus bienes y propiedades al Estado.

En un comunicado emitido el 23 de agosto, la Orden «condena esta nueva agresión contra los jesuitas de Nicaragua», considerándola parte de un contexto nacional más amplio de represión sistemática calificada como «crímenes contra la humanidad» por el grupo de expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua.

Los jesuitas instan a la pareja presidencial a «detener la represión» y «abrazar la búsqueda de una solución racional guiada por la verdad, la justicia, el diálogo, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho».

También piden que se respete la «libertad y plena integridad de los jesuitas y de las personas que colaboran o son colaboradas por ellos».

Esta respuesta de la Congregación se produce luego de que el Ministerio del Interior de Nicaragua, mediante Acuerdo Ministerial N.105-2023 publicado el 23 de agosto, les revocara su personería jurídica en Nicaragua e instruyera a la Fiscalía General de la República transferir sus bienes muebles e inmuebles al Estado.

«La decisión se tomó sin atenerse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos», señala la Orden en su comunicación.

Al igual que más de 3.000 otros casos de revocación de estatus legal ejecutados por el gobierno desde 2018, «este acuerdo se alcanzó sin brindar una oportunidad de legítima defensa por parte de los jesuitas y sin un órgano judicial imparcial para juzgar y detener estos abusos de autoridad completamente injustificados y arbitrarios». «, afirma el comunicado.

Antes de este último ataque, el gobierno ya había iniciado la confiscación de los bienes de la orden religiosa. El 19 de agosto, sin justificación, se apoderaron de la residencia de los jesuitas en Villa Carmen, situada al lado de la Universidad Centroamericana (UCA), institución que a su vez había sido confiscada cuatro días antes.

Según la Provincia Centroamericana, todas las acciones mencionadas tienen como objetivo «el establecimiento de un régimen totalitario».

En respuesta, responsabilizan al presidente Ortega y al vicepresidente Murillo de crear una apariencia de equidad o razón en la revocación de su estatus legal y su posterior confiscación. También los acusan de obstaculizar «la existencia de condiciones de independencia y neutralidad dentro del Poder Judicial que permitan medidas para detener, revertir y sancionar estas acciones».

Al concluir su comunicado, la Provincia jesuita asegura que «están junto a las miles de víctimas nicaragüenses que esperan que se haga justicia y se repare el daño causado por el actual gobierno de Nicaragua».

También expresan su agradecimiento por «las innumerables manifestaciones de reconocimiento, apoyo y solidaridad que han recibido en medio de esta escalada de injusticias».