Por Arturo Bojórquez/Adelante Valle
El asunto de la municipalización de los organismos encargados de distribuir y dar tratamiento al agua de Mexicali debía tener de cierto modo preocupados principalmente las autoridades, pero también en lo general a los habitantes del Valle Imperial. No se trata solamente de un asunto político, sino que además está el problema ambiental que genera la descarga de aguas residuales sin tratamiento del Río Nuevo y que desemboca en el desvaneciente Salton Sea, los cuales deberían preocupar a más de uno en el condado.
Hace no mucho tiempo, los legisladores de Baja California decidieron aprobar un proyecto de ley presentado por el Gobernador Jaime Bonilla a fin de transferir las comisiones estatales de servicios públicos de la órbita estatal a la municipal. Originalmente, el gobierno que encabeza el Gobernador del Movimiento de Regeneración Nacional justificó la medida al recordar que hace más de 20 años se modificó la Constitución mexicana para ordenar a todos los estados la municipalización de los servicios de agua.
Durante estas dos décadas, los gobiernos del conservador Partido Acción Nacional simplemente ignoraron esta disposición constitucional, según dicen, para mantener a estas comisiones como su caja chica a la hora de enfrentar problemas financieros.
El problema de la transferencia de estas agencias públicas radica en el hecho de que éstas cuentan con adeudos multimillonarios que también serían pasados al esfera de los gobiernos municipales. Si a esto se le agrega que los ayuntamientos, principalmente los de Mexicali y Tijuana, se encuentran entre los gobiernos con las deudas locales más altas del país tenemos un caos potencial económico en caso de que la municipalización se concrete.
Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de México decidió suspender al menos de manera temporal el proyecto de ley aprobado por los diputados que pertenecen en su mayoría al mismo partido del gobernador.
Sin embargo, la representante del gobierno mexicano ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas, Adriana Reséndez, señaló claramente en un documento emitido a inicios de este mes sobre los riesgos que representa turnar las comisiones del agua a los gobiernos municipales, principalmente por los problemas financieros, sin dejar a un lado la falta de mecanismos para que, en caso de ser necesario, intervengan los gobiernos Estatal o Federal.
La comisionada destacó el caso de Nogales, que además de verse obligado a incumplir con sus responsabilidades de saneamiento de líquido enviado al estado de Arizona ha incurrido en falta de pagos y en el mantenimiento de su infraestructura.
Como ha sido su estilo de gobierno, Bonilla Valdez, quien en el pasado ha fungido como integrante de la mesa directiva del Distrito de Aguas de Otay, respondió básicamente que las declaraciones de la funcionaria mexicana carecen de sustento. El gobernador, quien se dijo experto en el tema del agua, aseguró que en el caso particular del gobierno de Nogales el problema fue el mal manejo de la administración municipal lo que ocasionó los problemas con el agua de aquella región fronteriza.
Si se toma en cuenta el hecho de que el cauce de agua más contaminado de América del Norte, como lo es el Río Nuevo, no se ha solucionado a pesar de los recursos económicos estadounidenses que se han inyectado en la infraestructura de Mexicali y la capacidad financiera y de poder político del gobierno estatal no ha visto solución alguna, los gobiernos municipales tendrían mucho menor posibilidad a atender el asunto en caso de verse obligados por ley a administrar el tema del agua.
Así, el condado de imperial y la ciudad de Calexico tendrían realmente menos posibilidades de alcanzar una solución a las descargas de aguas negras en el Río Nuevo y en la Laguna Salada.
Antes de poner en manos de los gobiernos municipales las comisiones estatales de servicios públicos, el próximo gobierno estatal que será encabezado a partir de noviembre por la ex diputada federal y ex alcaldesa de Mexicali, Marina Ávila, deberá llevar a cabo (como es obligatorio) un estudio de factibilidad tanto técnico como financiero para proceder con la municipalización. De lo contrario, los problemas ambientales ocasionados por la ineficiente e infraestructura hidráulica en Mexicali continuarán y posiblemente hasta puedan empeorar sin que los encargados de proteger la salud y el medio ambiente de los habitantes de la región hagan algo al respecto.