CDMX.-El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha expresado su respaldo a la demanda presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra la ley SB4 de Texas. Esta legislación, firmada por el gobernador Greg Abbott en diciembre de 2023 y programada para entrar en vigor en marzo de este año, otorga a las autoridades estatales la facultad de detener y expulsar a migrantes, una prerrogativa que históricamente ha sido competencia exclusiva del gobierno federal.
La SRE ha destacado en un comunicado su rechazo a la implementación de esta medida, calificándola como «antimigrante» y argumentando que busca detener el flujo de personas migrantes mediante la criminalización, lo que podría resultar en la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial, vulnerando así los derechos humanos de la comunidad migrante. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su firme posición en contra de cualquier medida que propicie ambientes hostiles y crímenes de odio contra las comunidades migrantes.
Desde el año pasado, la SRE ha instruido a la red consular en Texas para reforzar las medidas de protección destinadas a defender los derechos de los aproximadamente 11 millones de mexicanos que residen en dicho estado.
«El gobierno de México rechaza tajantemente cualquier medida que propicie ambientes hostiles que puedan derivar en actos o crímenes de odio en contra de las comunidades migrantes, y que contemple el retorno involuntario de personas sin respeto al debido proceso», sentencia el comunicado oficial.
Asimismo, se informa que la Cancillería dará seguimiento al proceso legal iniciado por el gobierno del presidente Joe Biden. La demanda del Departamento de Justicia, presentada en un tribunal federal en Austin, busca que la corte declare inconstitucional la ley de Texas, argumentando que las leyes federales tienen primacía sobre las estatales en materia migratoria.
En este contexto, el Departamento de Justicia ha señalado que «Texas no puede gestionar su propio sistema de migración» y que la SB4 viola la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular el ingreso y retiro de no ciudadanos, interfiriendo con las operaciones y procedimientos de migración de Estados Unidos, así como con las relaciones exteriores del país. Previamente, el Departamento de Justicia había enviado una carta al gobernador Abbott amenazando con emprender acciones legales si no se daba marcha atrás en la implementación de la ley, a lo que Abbott respondió acusando al gobierno federal de negarse a aplicar las leyes existentes de migración y de intentar impedir que Texas aplique sus propias leyes contra la migración ilegal.