Por Daniel Rodríguez Gastélum

La ONU y la UNICEF aplaudieron la histórica acción de los legisladores oaxaqueños, pero los principales organismos empresariales la rechazaron con que no se pueden afectar las ganancias de los negocios en plena pandemia, y que arriesga a miles de trabajadores

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Oaxaca se convirtió en la primer entidad federativa mexicana en prohibir que se vendan bebidas y alimentos con alto contenido calórico a menores de edad.

El órgano legislativo oaxaqueño aprobó la histórica iniciativa con 31 votos a favor, pese a las presiones de la «industria chatarra», que en días previos realizó una campaña en contra de la medida.

La propuesta corrió a cargo de la diputada Magaly López Domínguez, y términos técnicos agregó el Artículo 20 Bis a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca, que establece la prohibición.

«Nuestra obligación como representantes populares e integrantes del Estado es proteger la salud de toda la población, preferentemente la de niñas, niños y adolescentes mediante la promoción y establecimiento de modelos preventivos y estilos de vida saludables que permitan combatir la incidencia de las enfermedades referidas en nuestra vida comunitaria», dijo ante el pleno.

López Domínguez fue respaldada por organizaciones internacionales como la ONU, la UNICEF, pero fue duramente rechazada por influyentes organismos empresariales como la Coparmex, la Canirac, la Canaimpa, la ANTAD, entre otras.

Los empresarios consideraron que es un momento trágico para afectar las utilidades de las empresas, por las afectaciones que ya de por sí ha generado el Covid-19, sin embargo la diputada puntualizó que «no se prohibirá el chocolate oaxaqueño, ni el pan de yema, ni las tlayudas; no cerrarán las tiendas de abarrotes, ni se perseguirá al judicialmente al tendero de la esquina».

Agregó que con el dictamen aprobado será responsabilidad de los padres de familia alimentar a sus hijos de esa forma, ya que es cuestión del tutor velar por la salud y la integridad de los menores de edad.

«Que no sea una decisión de las empresas. Que no sea una decisión de los capitales transnacionales», concluyó.