Filipinas.- En un giro inesperado en la política filipina, la vicepresidenta Sara Duterte lanzó una incendiaria declaración el pasado sábado, afirmando haber contratado a un asesino para eliminar al presidente Ferdinand Marcos Jr., a su esposa Liza Araneta-Marcos, y al presidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, si ella llegara a ser asesinada. En una conferencia de prensa cargada de improperios, Duterte aseguró que sus palabras no eran una broma, desatando una tormenta política y mediática en el país.
Duterte, hija del controvertido exmandatario Rodrigo Duterte, acusó a Marcos de incompetencia, mentiras y corrupción, tensando aún más las relaciones entre ambos líderes, que alguna vez se presentaron como un binomio en busca de unidad nacional. La vicepresidenta, visiblemente alterada, sugirió la existencia de un complot en su contra, aunque no ofreció detalles concretos.
“He hablado con una persona y le he dicho: si me matan, que maten a Marcos, a la primera dama y a Romualdez. No es broma”, declaró Duterte, añadiendo que su supuesto sicario había aceptado la orden.
El Secretario Ejecutivo de la presidencia, Lucas Bersamin, calificó las declaraciones como una “amenaza activa” y ordenó al Mando de Seguridad Presidencial reforzar las medidas de protección para Marcos y su familia. En tanto, las fuerzas de seguridad comenzaron a coordinar con organismos policiales para abordar lo que consideran un asunto de seguridad nacional.
Por su parte, Duterte intentó retractarse más tarde, asegurando que sus comentarios no constituían una amenaza real sino una expresión de preocupación por su seguridad. Sin embargo, el código penal filipino podría tipificar sus declaraciones como un delito punible con cárcel y multas.
La tensión entre Marcos y Duterte no es nueva. Desde que asumieron el poder en 2022, las diferencias sobre política exterior, corrupción y enfoques administrativos han erosionado su relación. Duterte renunció en junio al Gabinete de Marcos, donde ocupaba los cargos de secretaria de Educación y jefa de un organismo contra la insurgencia.
El último enfrentamiento entre ambos surgió tras el arresto de Zuleika López, jefa de gabinete de Duterte, acusada de obstaculizar una investigación sobre el uso de presupuestos en la vicepresidencia. López, quien posteriormente fue hospitalizada, habría sido detenida en represalia política, según los aliados de Duterte.
En medio de la crisis, el jefe militar, general Romeo Brawner, llamó a la calma, reiterando el compromiso de las Fuerzas Armadas de mantenerse apartidistas y proteger las instituciones democráticas del país.
Mientras tanto, las declaraciones de Duterte se suman a la creciente percepción de inestabilidad en Filipinas, un país marcado por divisiones políticas y el legado de la administración de Rodrigo Duterte, cuya polémica campaña antidrogas dejó miles de muertos y es objeto de investigaciones internacionales por presuntos crímenes de lesa humanidad.
El episodio subraya las profundas fracturas en el liderazgo político filipino, mientras los ciudadanos observan con preocupación una confrontación que podría tener implicaciones de gran alcance para la estabilidad del país.
