Tras la reciente toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y su propuesta de deportar a extranjeros con antecedentes criminales que no cuenten con residencia legal, autoridades en Baja California han señalado estar preparadas para atender esta situación sin que ello represente un impacto significativo en los índices delictivos del estado.
María Elena Andrade Ramírez, Fiscal General del Estado, aseguró que no existe preocupación respecto a estas deportaciones, ya que se cuenta con una coordinación adecuada entre las autoridades estatales y federales para atender cualquier escenario derivado de esta política. “Es un tema que ya se encuentra contemplado dentro de las mesas de seguridad del estado,” destacó la funcionaria.
La Fiscal explicó que serán principalmente las autoridades preventivas quienes darán seguimiento a estos casos, mientras que, en situaciones que involucren temas federales, será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de intervenir.
“Si la persona deportada no tiene antecedentes registrados con nosotros, la Fiscalía del Estado no intervendrá, aunque las autoridades preventivas estarán al tanto de cualquier situación que pueda surgir,” agregó Andrade Ramírez.
Asimismo, aseguró que existe un protocolo definido para actuar en caso de que los deportados lleguen al país con algún antecedente o situación legal pendiente, asegurando así la atención y el seguimiento correspondiente en coordinación con las fuerzas federales y preventivas.
El estado de Baja California se mantiene como uno de los principales puntos de recepción de personas deportadas, por lo que la coordinación interinstitucional será clave para abordar cualquier implicación que esta medida pueda traer consigo.
Fotografías: Luis Bautista
