El influencer mexicano Rodolfo «Fofo» Márquez ha sido condenado a 17 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La sentencia fue dictada el 29 de enero de 2025 por un tribunal del Estado de México, tras ser declarado culpable de agredir brutalmente -en febrero de 2024- a Edith ‘N’, una mujer de 52 años.
Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de una plaza comercial, donde Márquez golpeó a la víctima, dejándola gravemente herida. El ataque fue captado en video y se viralizó en redes sociales, generando indignación pública. En las imágenes, se escucha a una testigo ofrecer ayuda a Edith ‘N’. y describir la agresión: «Yo vi cómo te tiró, te pateó en el piso. Está loco». La víctima relató que, tras un incidente menor de tránsito, Márquez la agredió físicamente sin mediar palabra.
Márquez, de 26 años, fue detenido en abril de 2024 y ha permanecido en prisión preventiva desde entonces. Durante el juicio, la defensa argumentó que no hubo intención de matar; sin embargo, el tribunal consideró que las pruebas eran contundentes para establecer su culpabilidad en tentativa de feminicidio. Previo a la sentencia, Márquez ofreció disculpas públicas a la víctima y a las mujeres de México, pero Edith N. rechazó sus palabras, señalando que no percibía un arrepentimiento genuino.
EL FUTURO DEL INFLUENCER
Con esta condena, Márquez permanecerá en prisión hasta los 44 años de edad. Este caso ha generado un amplio debate sobre la violencia de género y el papel de los influencers en la sociedad mexicana. La sentencia busca enviar un mensaje claro sobre las consecuencias legales de actos violentos contra las mujeres.
Es relevante mencionar que, durante el proceso judicial, se presentaron pruebas clave, incluyendo el video de la agresión, que fue fundamental para la condena. Este material evidenció la brutalidad del ataque y contrarrestó los argumentos de la defensa.
La sentencia de Márquez ha sido objeto de diversas opiniones en la opinión pública. Algunos consideran que es un precedente importante en la lucha contra la violencia de género, mientras que otros la califican como un «circo mediático» que no aborda las raíces del problema.
Este caso subraya la importancia de la evidencia digital en los procesos judiciales contemporáneos y plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las figuras públicas en la promoción de conductas violentas o inapropiadas.
