El Congreso del Estado de Baja California emitió un enérgico exhorto a las autoridades judiciales y ministeriales para dar seguimiento con debida diligencia a las denuncias en contra de Víctor Hugo “N”, exlíder del grupo religioso “Geshet”, acusado de cometer delitos graves como pederastia, abuso sexual y trata de personas en perjuicio de niñas y adolescentes.
Durante la sesión legislativa, la diputada Michel Sánchez Allende, promovente del punto de acuerdo, hizo un llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrado Alejandro Fragozo López, y a la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez, para que atiendan de forma urgente y con enfoque en los derechos de las víctimas los casos que se derivan del expediente NUC 0202-2023-01153 y demás denuncias relacionadas.
La legisladora advirtió que existen al menos 13 denuncias en contra del imputado, quien fungía como guía espiritual y fundador del grupo religioso, y que utilizó esa posición para cometer actos de manipulación, violencia y abuso sexual, aprovechándose de su influencia sobre las víctimas desde edades tempranas.
“Este exhorto tiene la intención de prevenir una posible revictimización, si no se atiende el caso con el cuidado necesario. No podemos permitir que, por omisión procesal o falta de celeridad, el presunto agresor recupere su libertad sin enfrentar la justicia”, expresó Sánchez Allende desde tribuna.
Agregó que las víctimas han denunciado hostigamiento y presiones indirectas, incluso tras presentar las denuncias, lo que incrementa su temor ante una posible liberación del agresor, especialmente por el riesgo fundado que representa su reincorporación al entorno comunitario.
El Congreso urgió a las autoridades a garantizar que el procedimiento judicial avance hacia una sentencia firme, antes de que se cumpla el periodo de prisión preventiva del imputado. Además, subrayó la necesidad de abordar el caso con perspectiva de género, enfoque diferenciado y el principio del interés superior de la niñez.
“Este asunto debe verse con gafas violetas; es decir, con sensibilidad y compromiso hacia las víctimas, para evitar que la impunidad se imponga frente al dolor y la valentía de quienes han alzado la voz”, concluyó la diputada.
Este exhorto fue aprobado en el marco del Comunicado 726 y representa una acción legislativa clave para asegurar justicia en uno de los casos más sensibles relacionados con abusos en el ámbito religioso en Baja California.
