La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Baja California, presidida por la diputada Norma Angélica Peñaloza, aprobó por unanimidad una serie de reformas clave al Código Penal del Estado y a la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, en una sesión celebrada en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado en Tijuana.
Entre los dictámenes avalados se encuentra la reforma al artículo 201 del Código Penal, promovida por la propia diputada Peñaloza, la cual clarifica los rangos de punibilidad en casos de robo, estableciendo penas de seis meses a tres años de prisión y hasta cien veces el valor diario de la UMA cuando lo robado no exceda las ochenta veces dicha unidad.
Asimismo, se aprobó la iniciativa del diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros, que reforma el artículo 245 del mismo Código para tipificar como delito el daño intencional a neumáticos con objetos punzocortantes —como estrellas, púas o abrojos— con el fin de cometer otros delitos, considerándolos armas prohibidas.
Por su parte, la diputada Montse Murillo López presentó una iniciativa que reforma los artículos 1 y 2 de la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar. El cambio incorpora la violencia patrimonial como una modalidad de agresión familiar, reconociendo actos intencionales que dañen el patrimonio de los integrantes de una familia, incluso fuera del domicilio.
En la misma sesión, también fue avalado el proyecto presentado por la diputada Gloria Arcelia Miramontes, que adiciona el artículo 229 Bis al Código Penal para aumentar las penas por provocar incendios, explosiones o inundaciones, especialmente si estos afectan inmuebles habitados o instalaciones públicas. La reforma impone penas de hasta 10 años de prisión, con incrementos si el daño ocurre en áreas naturales protegidas de competencia estatal o municipal.
Durante la reunión también se presentó un informe del estado que guardan las iniciativas turnadas a la Comisión y se aprobó el acta de una sesión previa.
Además de las diputaciones mencionadas, participaron en la sesión Araceli Geraldo, Ramón Vázquez y Juan Manuel Molina. También estuvieron presentes Israel Ceseña, director de Consultoría Legislativa; representantes del Poder Judicial, Estefany Díaz Guzmán y Paola Martínez López; y del Ejecutivo estatal, Luis Alonso López, así como un representante de la Consejería Jurídica.
