El magisterio bajacaliforniano no calla. Mientras se aproxima la sentencia final en el caso del profesor Esteban —acusado por omisión de auxilio tras la muerte de un menor—, decenas de docentes del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación en Baja California (SETEBC) se manifestaron este miércoles frente a las oficinas de la Secretaría de Educación en Tijuana para exigir justicia y respeto a su labor frente al aula.
El juicio ha expuesto no sólo la fragilidad de los protocolos escolares, sino la facilidad con la que una tragedia puede convertirse en sentencia… no solo legal, también social. En el fondo, lo que hoy se debate no es únicamente la responsabilidad de un maestro, sino la del sistema que prefiere culpar antes que proteger, silenciar antes que corregir, y castigar antes que entender.
UN ACCIDENTE QUE TERMINÓ EN JUICIO
La historia se remonta a octubre de 2023, cuando el alumno Martín Damián, de 10 años, cayó tras ser empujado por otro niño dentro de la primaria “Eucario Zavala Álvarez” en Mexicali. Sufrió un traumatismo que le provocó una hemorragia cerebral. Murió días después. El profesor Esteban, presente en el turno, notificó a los padres y buscó atención médica inicial. Aun así, fue declarado culpable por omisión de auxilio por no actuar con “suficiente urgencia”, según el criterio judicial. La sentencia definitiva será emitida este 3 de julio.
¿JUSTICIA O ESCAPE DE RESPONSABILIDADES?
Los maestros, quienes sostienen que Esteban sí cumplió con el protocolo, denuncian que el sistema educativo —el mismo que les exige ser maestros, enfermeros, psicólogos y mediadores sociales al mismo tiempo— los deja solos cuando algo sale mal.
“Esto no fue negligencia, fue una tragedia. Y ahora se castiga al maestro como si fuera un criminal”, expresó María Virginia Pimentel Muñoz, coordinadora del SETEBC en Tijuana. La advertencia, dice, es clara: a partir de ahora, cualquier moretón, cualquier raspón, se convertirá en parte de un expediente legal por temor a ser incriminados.
La protesta visibiliza lo que pocos quieren decir en voz alta: no todos pueden pagar un buen abogado, pero todos pueden ser juzgados. En el aula, el poder adquisitivo no existe. La justicia, parece, sí.
EL SILENCIO INSTITUCIONAL Y LA VULNERABILIDAD DOCENTE
Los docentes señalan que esta situación no sólo expone la fragilidad de los protocolos escolares, sino la ausencia de respaldo institucional. “El patrón debería defendernos, pero cuando hay presión social, mediática o política, es más fácil entregarnos como chivo expiatorio”, subrayó Pimentel.
Paradójicamente, el mismo protocolo que busca salvaguardar la integridad de los alumnos es utilizado hoy como herramienta punitiva contra quienes lo aplican. Un documento pensado para proteger, que termina criminalizando a quien educa.
El caso del profesor Esteban abre una grieta peligrosa en el ejercicio docente. No sólo por la posibilidad de que cualquier incidente escale a tribunales, sino por el mensaje implícito: la docencia es una profesión que carga con la culpa cuando el sistema falla. Y en un país donde muchas aulas carecen de recursos básicos, y donde un maestro puede tener bajo su cuidado hasta 40 menores por turno, los márgenes de error se convierten en amenazas judiciales.
JUSTICIA CON PERSPECTIVA HUMANA
Más que una consigna gremial, lo que hoy exigen los docentes es una mirada más justa y humana sobre lo que implica enseñar en México. Una revisión urgente a protocolos que muchas veces ignoran la realidad cotidiana de las escuelas. Y, sobre todo, un alto a la criminalización de quienes están en primera línea.
Mientras algunos procesos judiciales se resuelven en oficinas alfombradas, otros —como el del profesor Esteban— ocurren en aulas con techos de lámina, con maestros que deben improvisar con lo que tienen. Porque en este país, muchas veces, la justicia no es ciega… solo más accesible para quien puede pagarla.
Y mientras tanto, el magisterio espera, marcha y alza la voz: que la educación no se vuelva una sentencia.
Fotografías: Border Zoom / Redes sociales
