En una muestra de solidaridad sin precedentes, cientos de docentes tomaron este jueves la vialidad Paseo del Centenario, frente a la Secretaría de Educación en Tijuana, para exigir justicia en el caso del profesor Esteban, quien este mismo día enfrentará su última audiencia judicial.
El maestro, señalado por el delito de omisión de auxilio, fue vinculado al fallecimiento de un menor que sufrió un accidente dentro de la primaria Eucario Zavala Álvarez, en Mexicali, hace dos años. De acuerdo con testimonios de docentes y representantes sindicales, Esteban actuó conforme a los protocolos establecidos por la propia Secretaría de Educación, notificando a los padres del menor y solicitando atención médica tras la caída.
Sin embargo, el proceso judicial ha avanzado en su contra, en medio de señalamientos de negligencia institucional y cuestionamientos al sistema educativo que, paradójicamente, parece más presto a deslindarse que a defender a quienes lo sostienen desde las aulas.
«No queremos mártires de la burocracia. Queremos justicia. El profesor Esteban no actuó con dolo; siguió los lineamientos establecidos. ¿Entonces qué falló? ¿El protocolo o la justicia?», expresó con firmeza María Virginia Pimentel Muñoz, coordinadora del SETEBC en Tijuana, al frente de la manifestación donde confluyeron representantes de los cinco sindicatos magisteriales de la región.
La audiencia clave está programada para las 4:00 de la tarde, y definirá el futuro de un docente cuya situación ha encendido alarmas entre el gremio, al sentirse vulnerables ante un sistema que los responsabiliza sin garantizarles protección legal o respaldo institucional.
«Estamos siendo juzgados por cumplir con los protocolos de la misma autoridad que hoy guarda silencio», denunció otro de los manifestantes, mientras la multitud mostraba pancartas con leyendas como “Educar no es un crimen” y “Hoy es Esteban, mañana puedo ser yo”.
El caso ha detonado una discusión más amplia sobre la fragilidad legal del magisterio frente a incidentes dentro de las escuelas, el peso de la presión social y mediática, y el papel del Estado en la construcción de protocolos que más que prevenir, terminan sirviendo como herramientas de castigo.
Mientras el reloj avanza hacia la sentencia, la comunidad docente exige no sólo un fallo justo para Esteban, sino una revisión profunda al sistema que hoy podría convertir a un maestro en chivo expiatorio de responsabilidades compartidas por una estructura entera.
Fotografías: Luis Bautista
