CICESE difundió un posicionamiento dirigido a la comunidad tras señalamientos de la coalición “Ensenada Digna” sobre la clasificación reservada de información vinculada al Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto de ampliación del puerto de El Sauzal. El centro de investigación afirmó que no existe convenio vigente para elaborar los estudios y que no ha iniciado trabajos técnicos relacionados.
La institución explicó que recibió una solicitud de una de las partes involucradas para coordinar estudios con miras a integrar la MIA. A partir de ello, presentó una propuesta que hoy sigue en análisis por otras instancias. Subrayó que desconoce si la propuesta será aceptada y que, en tanto no hay contrato, no hay ejecución de estudios.
El CICESE sostuvo que la clasificación como reservada de la propuesta cuenta con fundamento jurídico. Argumentó que se trata de un procedimiento en curso en el que el centro no es la entidad responsable ni promotora del proyecto. La medida, añadió, busca proteger la integridad del proceso administrativo hasta que la autoridad competente emita una resolución.
El comunicado reconoce el contexto social que rodea la discusión pública sobre El Sauzal. El CICESE planteó que las manifestaciones ciudadanas deben ser escuchadas y atendidas por las autoridades. Señaló que corresponde a esas instancias determinar la viabilidad del proyecto, considerando todos los elementos técnicos, legales y sociales disponibles.
La propuesta del CICESE, añadió, respondió a la intención de aportar experiencia científica y capacidades técnicas. El objetivo es que cualquier decisión futura cuente con sustento especializado y con estándares de calidad en la evaluación de impactos y medidas de mitigación. El centro reiteró su disposición a comunicar oportunamente conforme a sus atribuciones y en apego a legalidad y rigurosidad científica.
En lo inmediato, el panorama institucional queda en tres puntos. Primero, no hay convenio ni estudios en marcha. Segundo, la propuesta se mantiene en revisión por otras instancias. Tercero, la reserva del documento obedece a un proceso administrativo aún abierto. La decisión final sobre el proyecto dependerá de las autoridades competentes, que deberán integrar insumos técnicos y consideraciones comunitarias antes de resolver.
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