TIJUANA, B.C.- Integrantes de la Unión Funeraria de Tijuana, organismo que agrupa a más de 24 casas funerarias de la ciudad, realizaron una manifestación pacífica en la Tercera Etapa del Río, donde emitieron un pronunciamiento público para exponer afectaciones que, aseguran, derivan de recientes intervenciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con los participantes, el objetivo de la protesta fue solicitar la atención de la gobernadora de Baja California y de la fiscal general del estado, a fin de que se revisen los procedimientos relacionados con el levantamiento de cuerpos, los cuales —señalaron— estarían generando condiciones desiguales de competencia dentro del sector funerario.
Durante la manifestación, Héctor Abasolo, director funerario en Tijuana, indicó que la situación actual ha impactado de manera severa la operación de las casas funerarias, provocando pérdidas económicas y la reducción de personal. Afirmó que existen señalamientos sobre presuntos beneficios otorgados a determinados establecimientos funerarios durante los procesos de levantamiento de cuerpos.
“El sector se encuentra en números rojos y hemos perdido empleos. Lo único que pedimos es que se respete la ley y que el procedimiento sea parejo para todos”, expresó Abasolo, quien solicitó que las autoridades supervisen la actuación del personal encargado de estas diligencias.
Por su parte, Alejandra Alamillo, representante de la Funeraria de la Cruz, explicó que uno de los principales problemas se presenta cuando las funerarias son obligadas a ingresar a domicilios, aun cuando existe un certificado médico que acredita una muerte por causas naturales.
Detalló que, en estos casos, las familias ya cuentan con un dictamen médico y la documentación correspondiente, sin embargo, las funerarias deben acompañar el proceso bajo condiciones que, afirmó, afectan la libre elección del servicio por parte de los deudos.
En el pronunciamiento también participó Pedro García Tirado, médico legista jubilado del registro de la Secretaría de Salud y excomisionado al Servicio Médico Forense (Semefo), quien precisó que la intervención de la Fiscalía únicamente procede en casos de muerte violenta.
Explicó que, cuando se trata de fallecimientos por causas naturales, el certificado médico y el expediente clínico son suficientes para la liberación del cuerpo, ya sea que el dictamen provenga del IMSS, de la Secretaría de Salud o de un médico particular.
Añadió que, en situaciones donde un cuerpo es llevado al Semefo sin que exista una causa legal para ello, no se realizan procedimientos adicionales, ya que el certificado médico cumple con los requisitos establecidos.
Finalmente, los integrantes de la Unión Funeraria de Tijuana reiteraron su llamado a las autoridades estatales para que se revisen estas prácticas, se garantice el cumplimiento de la normatividad vigente y se asegure un trato equitativo entre las casas funerarias, así como un servicio digno y respetuoso para las familias en duelo.
Fotografías: Border Zoom
