La Presidencia de la República dio por terminado, desde el 1 de enero de 2026, el programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.
El decreto correspondiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación, anula el esquema especial de importación y cierra la posibilidad de nuevos trámites.
El acuerdo también deja sin efecto la prórroga que extendía el programa hasta 2026 en estados de la frontera norte y otras entidades.
A partir de esta modificación, quienes aún poseen autos irregulares ya no podrán incorporarlos al padrón mediante el pago único de 2,500 pesos.
RESULTADOS DEL PROGRAMA
Datos federales señalan que, durante la vigencia del mecanismo, se incorporaron al menos 2.5 millones de vehículos en 16 estados.
La recaudación superó los miles de millones de pesos, recursos etiquetados para pavimentación y rehabilitación de vialidades municipales.
En Baja California, el programa tuvo un impacto particular por la cantidad de unidades provenientes de Estados Unidos.
El estado reportó cientos de miles de vehículos regularizados y una recaudación significativa destinada a obras de mejora vial.
POSTURA DE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Organismos del sector automotriz, como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, mantuvieron una postura crítica frente al esquema.
Señalaron que la regularización masiva incentivó el ingreso de vehículos de origen incierto y generó condiciones de competencia desleal para el mercado formal.
El gobierno federal argumentó que la etapa principal del programa ya se había cumplido y que era necesario corregir abusos detectados en su operación.
También planteó que la ordenación futura del parque vehicular debe apoyarse en controles aduaneros y reglas claras de importación.
Con el cierre del decreto, la importación de autos usados desde Estados Unidos y Canadá queda sujeta a las disposiciones generales del T-MEC y la ley aduanera.
Entre los requisitos se incluyen límites de antigüedad, cumplimiento de normas ambientales y revisiones físico-mecánicas.
En estados fronterizos como Baja California, ya no habrá regularizaciones extraordinarias ni cobro adicional por este concepto.
Los gobiernos estatales y municipales deberán recurrir a otras fuentes de financiamiento para proyectos de pavimentación vinculados antes a estos ingresos.
