El diputado Diego Echevarría Ibarra presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado. El legislador busca clasificar como delito el ingreso, posesión y suministro de dispositivos electrónicos en los centros de reinserción social. La propuesta responde a la necesidad de frenar la planeación de ilícitos desde el interior de los penales bajacalifornianos.
Actualmente, estas conductas solo reciben sanciones administrativas dentro del sistema penitenciario. La reforma plantea penas de uno a tres años de prisión para quienes resulten responsables. Además, contempla multas que oscilan entre 50 y 200 días. La norma incluye teléfonos móviles, radios, chips, cargadores y cualquier accesorio necesario para la transmisión de datos.
Echevarría explicó que la tecnología facilita actividades delictivas como la extorsión telefónica. Asimismo, indicó que los internos coordinan delitos de alto impacto mediante mensajes y redes sociales. El diputado documentó casos donde las personas privadas de la libertad realizan transmisiones en vivo. Según el legislador, estos actos evidencian corrupción y falta de control en las revisiones.
El proyecto de ley contempla agravantes para los servidores públicos o custodios involucrados. En estos supuestos, la sanción corporal aumentaría hasta en un 50 por ciento. Además, el responsable enfrentará la destitución de su cargo e inhabilitación para laborar en la administración pública. La pena también será mayor si el dispositivo se utiliza para ejecutar crímenes desde el encierro.
La iniciativa fue enviada a las comisiones correspondientes del Congreso del Estado para su análisis técnico. En las próximas semanas, las y los diputados escucharán a especialistas y autoridades en materia de seguridad. El dictamen será sometido a votación en el Pleno. La autoridad competente continuará con los procesos legislativos para fortalecer el orden en las prisiones.
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