MEXICALI, B.C. — El Congreso del Estado aprobó el Dictamen No. 127 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo de Baja California a gestionar y contratar deuda pública destinada a inversión pública productiva, entre los proyectos contemplados la planta desaladora de Rosarito para fortalecer el abasto de agua en la zona costa.
La iniciativa fue avalada con 19 votos a favor, seis en contra —emitidos por los diputados Echeverría, Corral, Gaona, Gilvaja, Daylín y Valle— y cero abstenciones.
Durante la discusión en el Pleno se incorporó una adenda presentada por la presidenta de la Comisión dictaminadora, diputada Julia Andrea González Quiroz, con modificaciones a los artículos primero, segundo, tercero, décimo y décimo tercero, con el objetivo de fortalecer el contenido del decreto.
Asimismo, se aprobó una reserva en lo particular presentada por el diputado Juan Manuel Molina al artículo quinto, relativa a la fuente de pago del financiamiento. La modificación establece que el servicio de la deuda no impactará las tarifas de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Tijuana y Ensenada.
De acuerdo con lo expuesto en tribuna, el financiamiento será cubierto con un porcentaje necesario y suficiente de los ingresos derivados de la recaudación presente y futura del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal.
El artículo primero del decreto autoriza al titular de la Secretaría de Hacienda del Estado a realizar los actos jurídicos necesarios para la contratación de uno o varios financiamientos con instituciones del sistema financiero mexicano, bajo las mejores condiciones de mercado y conforme a los términos establecidos en el dictamen.
Por su parte, el artículo tercero señala que los financiamientos deberán formalizarse durante los ejercicios fiscales 2026 o 2027, con un plazo máximo de hasta 30 años contados a partir de la celebración de los contratos o de la primera disposición de los recursos. También se contempla la posibilidad de establecer un periodo de gracia de hasta 36 meses.
Como parte de los mecanismos de control, el Pleno aprobó el Acuerdo No. 1 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, mediante el cual se instruye a la Secretaría de Hacienda del Estado a presentar informes semestrales ante el Congreso sobre la aplicación de los recursos obtenidos.
El seguimiento al ejercicio de dichos recursos estará a cargo de las comisiones unidas de Fiscalización del Gasto Público y de Hacienda y Presupuesto, hasta que las obligaciones contraídas sean liquidadas en su totalidad.
Fotografías: Congreso de Baja California
