MEXICALI, B.C. — La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Baja California una iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana, con el propósito de armonizarla con los principios constitucionales vigentes y los estándares actuales en materia de democracia participativa.
Durante la exposición de motivos, la legisladora señaló que, aunque la ley ha sido objeto de diversas modificaciones, persisten diferencias entre su interpretación normativa y los criterios constitucionales contemporáneos, particularmente en lo relacionado con participación informada, inclusión social y el uso responsable de herramientas digitales en los procesos ciudadanos.
La propuesta, precisó, no plantea cambios en la estructura institucional ni en los mecanismos ya establecidos. En su lugar, busca fortalecer la claridad conceptual y la coherencia jurídica del ordenamiento, ampliando el alcance de los derechos de participación en congruencia con el marco constitucional.
Entre los ejes centrales de la iniciativa destaca la adición del artículo 9 Bis, que establecería la obligación de autoridades estatales y municipales de promover de manera permanente la educación cívica, la cultura participativa, la deliberación pública y el uso ético, responsable y accesible de las tecnologías de la información.
Asimismo, se propone impulsar acciones que favorezcan la inclusión de grupos históricamente discriminados o subrepresentados en los procesos de participación ciudadana.
FORTALECIMIENTO DEL PARLAMENTO ABIERTO
La iniciativa también contempla robustecer las prácticas de Parlamento Abierto mediante la incorporación de criterios como:
- Difusión anticipada y accesible de los asuntos legislativos
- Espacios de deliberación informada
- Registro público de opiniones ciudadanas
- Mecanismos de retroalimentación institucional respecto a propuestas recibidas
De acuerdo con el proyecto, la reforma no implicaría nuevas cargas presupuestales ni invadiría competencias municipales o de órganos autónomos, sino que contribuiría a consolidar un marco jurídico más claro y acorde con los retos democráticos actuales.
El documento plantea reformar el artículo 4 y adicionar los artículos 9 Bis y 83 de la Ley, incorporando de manera expresa principios como derechos humanos, progresividad, máxima participación ciudadana y deliberación democrática como ejes rectores para su interpretación y aplicación.
Fotografías: Congreso de Baja California
