CIUDAD DE MÉXICO — La disputa por el transporte de pasajeros en las terminales aéreas del país ha sumado un nuevo y contundente capítulo legal. Mediante un comunicado oficial emitido este 11 de marzo de 2026, Uber pide que la Guardia Nacional deje de detener a sus conductores en aeropuertos.
La empresa señala que una jueza federal ordenó respetar el amparo que permite a los conductores de la plataforma recoger y dejar pasajeros. Esta exigencia legal surge como una respuesta directa tras el reforzamiento de operativos luego de las protestas de taxistas.
Orden judicial y posibles sanciones de cárcel
De acuerdo con el documento, la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa ordenó a la corporación federal cumplir con la suspensión definitiva otorgada en 2025. La autoridad judicial fue clara al señalar que «las autoridades responsables cesen en la detención arbitraria y discriminatoria de vehículos».
Con esta resolución, los choferes deberían poder ejercer libremente su trabajo sin ser objeto de multas y confiscaciones.
La advertencia legal para la Guardia Nacional es sumamente severa en caso de incumplimiento. Según el artículo 262de la Ley de Amparo, desobedecer esta suspensión definitiva podría derivar en una pena de tres a nueve años de prisión para la autoridad responsable. Además, se contemplan duras sanciones como la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
La mira puesta en el Mundial y el debate de la «irregularidad»
La compañía de movilidad subrayó la importancia de acatar esta resolución de cara a la próxima Copa del Mundo, evento que atraerá a México a más de cinco millones de visitantes adicionales.
Asimismo, Uber aprovechó para responder a las recientes acusaciones del Grupo Aeroportuario Marina, negando rotundamente ser una plataforma «irregular». Para respaldar su postura, destacaron que operan desde hace más de 13 años en el país y están disponibles en más de 700 aeropuertos a nivel mundial.
Finalmente, la plataforma reiteró su apertura al diálogo con las autoridades federales para lograr una modernización de la legislación que permita la integración total de las apps al ecosistema de movilidad aeroportuaria.
