El Grupo Interdisciplinario de Profesionales de Ensenada cuestionó el actual esquema de cobro del impuesto predial aplicado por el Ayuntamiento. Los especialistas señalaron que el gobierno municipal incrementó el valor fiscal de los inmuebles para después aplicar descuentos que simulan un pago estable, ocultando un aumento real en la base sujeta a impuestos.
A través de un posicionamiento técnico, el organismo sostuvo que esta mecánica de «cargo y abono» genera confusión entre los contribuyentes ensenadenses. Según el análisis, diversos recibos muestran valores de propiedad significativamente superiores a los registrados en 2025. Aunque el monto final a pagar no sea drástico actualmente, la base legal sobre la que se calcula ya sufrió una modificación al alza.
El pronunciamiento cuenta con el respaldo de agrupaciones especializadas. Entre ellas destacan el Colegio de Arquitectos de Ensenada (CAE), el Colegio de Arquitectos Profesionales de Ensenada (CAPE) y el Colegio de Valuadores de Ensenada (COVE). También se sumaron la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) y la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Ensenada (APIE).
Otras voces técnicas que validaron la queja son la Asociación Vanguardista de Ingenieros Civiles (AVICE) y el Colegio de Profesionales en Ingeniería Civil de Ensenada (COPICE). Finalmente, el Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada (CICE) se unió a la exigencia de transparencia en los criterios de valuación catastral.
Los expertos advirtieron sobre el riesgo para ejercicios fiscales futuros. Explicaron que, al quedar registrado un valor oficial más alto, la autoridad podría retirar los estímulos el próximo año. De ocurrir esto, los propietarios enfrentarían cobros directos sobre la nueva base elevada, lo que impactaría severamente su economía familiar a largo plazo.
Además, el GIPE detectó inconsistencias físicas en la integración de los avalúos municipales. Reportaron casos donde estructuras ligeras, como cobertizos o techumbres, fueron contabilizadas como si fueran construcciones de concreto armado.
Asimismo, denunciaron que el demérito por antigüedad se limitó al 30 por ciento, ignorando porcentajes mayores permitidos por la norma técnica vigente.
Por otra parte, los especialistas criticaron la asignación de valores de suelo elevados en colonias que carecen de servicios básicos completos. Argumentaron que aplicar criterios de zonas con infraestructura urbana consolidada a barrios con carencias es injusto y desproporcionado.
Ante esta situación, el GIPE recomendó a la población revisar minuciosamente cada concepto de sus recibos de pago. Sugirieron confirmar que la descripción de la construcción coincida con la realidad del predio.
En caso de detectar errores o variaciones injustificadas, los ciudadanos deben solicitar una aclaración formal ante las cajas recaudadoras municipales o la Dirección de Catastro.
Los profesionales instaron a la ciudadanía a realizar sus pagos «bajo protesta». Para ello, es necesario entregar un escrito donde consten las inconsistencias técnicas detectadas al momento de liquidar el impuesto. Esta medida legal permite conservar el derecho a futuras reclamaciones o ajustes, asegurando que el proceso responda a criterios técnicos y no meramente recaudatorios.
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