CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA — Este viernes, las fuerzas de seguridad detienen a El Bori en un fuerte despliegue táctico. Por consiguiente, el gobierno desarticuló una importante organización criminal. Esta célula delictiva operaba el tráfico ilegal de personas desde Guatemala hacia Estados Unidos.
Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó oficialmente este arresto estratégico. Él identificó al presunto criminal bajo el nombre de Gonzalo «N». Además, el funcionario acusó directamente a este sujeto de liderar la enorme red de contrabando humano. Específicamente, los criminales cruzaban a las víctimas por Ciudad Juárez con destino final en El Paso, Texas.
Cateos simultáneos y casas de seguridad
Durante las intervenciones operativas, los agentes federales capturaron a otros cuatro cómplices clave. Asimismo, los oficiales localizaron a estos sospechosos dentro de distintos domicilios ubicados estratégicamente en Ciudad Juárez. Actualmente, los investigadores acusan a toda la banda por graves delitos de delincuencia organizada y tráfico de personas.
De hecho, esta red criminal operaba impunemente desde el año 2024. Ellos administraban múltiples «casas de seguridad» para albergar temporalmente a los migrantes guatemaltecos. Posteriormente, los coyotes introducían a estas personas de manera ilegal hacia el territorio estadounidense.
Cooperación internacional en la frontera
Este exitoso operativo requirió una enorme coordinación institucional. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana trabajó junto a la Guardia Nacional y la Marina. También participó activamente el Centro Nacional de Inteligencia de México. En el lado estadounidense, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) brindó colaboración táctica fundamental.
Actualmente, un juez de control evalúa la situación jurídica de todos los sospechosos detenidos. Sin duda, este caso refleja el actual contexto de profunda cooperación bilateral entre México y Estados Unidos. Finalmente, el gobierno mexicano reiteró su postura oficial. Las autoridades buscan priorizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito. Al mismo tiempo, el Estado mantiene una estricta coordinación con las agencias de seguridad fronteriza norteamericanas.
