TEQUILA, JALISCO — El proceso judicial contra exfuncionarios vinculados al crimen organizado continúa su curso legal. Este miércoles, un juez federal otorgó una medida cautelar a un político jalisciense. Por consiguiente, la justicia dictó una suspensión definitiva a Diego Rivera, ex alcalde de Tequila. Con este recurso, el imputado pretende echar abajo su reciente vinculación a proceso penal.
Actualmente, el exfuncionario se encuentra recluido en un penal de máxima seguridad. Rivera permanece preso dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, conocido como El Altiplano. Las autoridades lo señalan como un probable integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, él enfrenta graves acusaciones por delincuencia organizada y secuestro.
Efectos de la suspensión y red criminal
El juez Jorge Adrián Cruz Flores otorgó esta reciente protección legal. Sin embargo, esta resolución oficial no implica la libertad inmediata del acusado. La suspensión obliga al juez de control a detener la apertura del juicio oral. Este freno procesal se mantendrá vigente mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el político lideraba una presunta red criminal. La carpeta de investigación lo involucra directamente en delitos de secuestro y tortura. Supuestamente, el exedil amedrentaba a diversos comerciantes y empresarios del ramo tequilero. En estas extorsiones, él contaba con la colaboración operativa de integrantes del CJNG.
Finalmente, las indagatorias identifican a otros personajes clave dentro de esta estructura delictiva gubernamental. Julio César Limón, entonces jefe de gabinete municipal, supuestamente encubría estas actividades ilícitas. Testimonios confidenciales afirman que él coordinaba las áreas del ayuntamiento para proteger legalmente al grupo criminal.
