MEXICALI, B.C. — Un juez de control avanzó formalmente en el proceso judicial contra un exmandatario bajacaliforniano. Por consiguiente, las autoridades imputan a Jaime Bonilla por presuntos actos de corrupción. El actual dirigente del PT enfrenta graves acusaciones por abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones.
La prolongada audiencia inicial duró más de 14 horas en la capital del estado. Originalmente, la sesión comenzó a las 09:00 horas del miércoles en el Centro de Justicia del Río Nuevo. Sin embargo, el personal suspendió temporalmente el acto por severas fallas eléctricas. Posteriormente, los funcionarios reanudaron los trabajos en las instalaciones principales del Poder Judicial. Allí, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó 18 contundentes elementos probatorios contra el acusado.
El contrato con Next Energy y la defensa
Las imputaciones centrales derivan del polémico contrato plurianual firmado con la empresa Next Energy. Supuestamente, el entonces gobernador autorizó ilegalmente la construcción de una planta fotovoltaica. Además, este proyecto comprometía directamente los recursos y participaciones federales de la entidad. Consecuentemente, el Juez de Control fijó la próxima audiencia de vinculación a proceso para el próximo lunes 23 de marzo.
Por su parte, la defensa legal argumentó responsabilidades compartidas durante este proceso gubernamental. Bonilla aseguró que los diputados locales de aquel tiempo también aprobaron estas cesiones presupuestales. Asimismo, él cuestionó fuertemente la ausencia de estos legisladores en los citatorios judiciales. Finalmente, el político declaró sentirse agraviado por la actual administración estatal.
La postura de Marina del Pilar
Paralelamente, la gobernadora de Baja California celebró el avance de este proceso legal. Marina del Pilar Ávila aseguró que su gobierno defiende firmemente el patrimonio de los bajacalifornianos. Ella explicó que los exfuncionarios involucrados se extralimitaron claramente en sus funciones públicas. «No podíamos arriesgar recursos de las y los bajacalifornianos por un proyecto que no contaba con los permisos necesarios», detalló la mandataria.
Finalmente, la titular del Ejecutivo reiteró un punto clave de la investigación estatal. El tema de la generación de energía corresponde exclusivamente a las autoridades federales. Por lo tanto, el gobierno estatal carecía totalmente de competencia legal para firmar dicha licitación pública. Cabe recordar que la propia Secretaría de Energía federal negó los permisos de esta obra previamente.
