TIJUANA, B.C.– El Colegio de Abogados de Tijuana manifestó su desacuerdo con el reciente acuerdo del Poder Judicial del Estado de Baja California que establece como requisito contar con estudios de posgrado para ejercer en materia familiar.
Durante una rueda de prensa, el presidente del organismo, Daniel Avitia Beltrán, señaló que la medida es excesiva y rebasa las facultades de la autoridad judicial, ya que la legislación vigente no contempla la obligatoriedad de contar con maestría, doctorado o especialización con cédula para litigar en esta área.
El dirigente explicó que actualmente existe un control mediante el padrón judicial, donde se verifica que los abogados cuenten con cédula profesional, lo que permite garantizar que solo profesionistas acreditados participen en los procesos.
En ese sentido, advirtió que imponer un requisito adicional como el posgrado podría reducir el número de litigantes en materia familiar, al implicar varios años más de preparación académica.
Asimismo, señaló que esta situación podría traducirse en un aumento en los costos de los servicios legales, afectando directamente a quienes requieren asesoría en casos como custodia, pensión alimenticia o patria potestad.
Avitia Beltrán subrayó que contar con un grado académico superior no necesariamente garantiza la especialización, al considerar que la experiencia práctica es un factor determinante en la defensa adecuada de los casos.
Además, los abogados señalaron como contradictorio que el propio Poder Judicial impulse capacitaciones sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, mientras establece nuevas restricciones para ejercer.
Indicaron que actualmente más de mil abogados participan en estos cursos, tanto en línea como de manera presencial en distintas sedes, por lo que consideraron que el nuevo requisito podría limitar la participación de quienes ya se encuentran en proceso de actualización.
Finalmente, el Colegio de Abogados reiteró su rechazo a la disposición y señaló que continuarán manifestándose en contra de medidas que, desde su perspectiva, restringen el ejercicio profesional y el acceso a la justicia para la ciudadanía.
Fotografías: Chris Noyola
