Baja California se posiciona como un referente en América Latina en materia de protección y bienestar animal, resultado de una agenda integral impulsada durante la administración de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, que ha permitido consolidar avances jurídicos, institucionales y sociales en la entidad.
Uno de los principales logros es el fortalecimiento del marco legal, que actualmente contempla sanciones de hasta ocho años de prisión por delitos de maltrato y crueldad animal, ubicando al estado entre las entidades con mayores penas en el país y reforzando el acceso a la justicia en estos casos.
Desde el inicio de la actual administración, se han promovido políticas públicas orientadas a garantizar el respeto, la protección y el bienestar integral de los animales, mediante acciones coordinadas entre dependencias estatales, ayuntamientos y organizaciones de la sociedad civil.
Entre los avances institucionales, destaca la creación de la Dirección de Derecho y Bienestar Animal del Gobierno del Estado, instancia que ha fortalecido la articulación de esfuerzos, así como la emisión de recomendaciones y el seguimiento a casos prioritarios en la materia.
De igual forma, se ha robustecido la capacidad de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales y el Medio Ambiente, con el objetivo de mejorar los procesos de investigación, persecución y sanción de conductas relacionadas con el maltrato animal.
En materia de atención, el Santuario Mily, ubicado en Mexicali, brinda resguardo a animales víctimas de violencia, con infraestructura médica especializada que incluye quirófano, equipo de rayos X, ultrasonido y laboratorio clínico, además de personal veterinario capacitado, facilitando su recuperación y eventual adopción.
En el ámbito legislativo, Baja California ha registrado avances relevantes, como la reforma constitucional que reconoce a los animales como seres sujetos de especial protección, elevando su estatus jurídico dentro del marco normativo estatal.
Asimismo, se aprobaron modificaciones al Código Penal del Estado y a la Ley de Protección a los Animales Domésticos, ampliando las conductas consideradas delito —como el abandono y la desnutrición—, incrementando las sanciones de 1 a 5 años y de 3 a 8 años de prisión según la gravedad, estableciendo la persecución oficiosa y creando el Registro Estatal de Agresores de Animales.
Adicionalmente, se implementaron acciones para eliminar prácticas de explotación animal, como la sustitución de calandrias tiradas por caballos en Ensenada por unidades eléctricas, garantizando alternativas para quienes dependían de esta actividad.
