El Congreso de Baja California aprobó un exhorto para solicitar información sobre los programas de prevención y atención de adicciones en la entidad, así como la elaboración de un plan integral ante el incremento en el consumo de sustancias.
Durante sesión del Pleno, la diputada Daylín García Ruvalcaba advirtió que el problema de las adicciones en Baja California representa una situación de salud pública y seguridad que requiere atención integral por parte de las autoridades estatales y municipales.
La legisladora señaló que Baja California se encuentra por encima del promedio nacional en consumo de drogas y afirmó que más del 22 por ciento de las juventudes ha consumido o consume actualmente algún tipo de sustancia.
Asimismo, indicó que el consumo de metanfetaminas y opioides sintéticos, como el fentanilo, ha incrementado en la entidad, mientras que los centros de rehabilitación operan con alta ocupación y existen limitaciones en espacios públicos gratuitos para atender a personas con problemas de adicción.
Durante su participación, destacó que esta problemática también se relaciona con situaciones como violencia familiar, delitos patrimoniales, deserción escolar y deterioro comunitario.
Como parte del exhorto aprobado, se solicitó al secretario de Salud del Estado, Adrián Medina Marillas, un informe detallado sobre los programas vigentes de prevención y atención de adicciones, incluyendo presupuesto asignado, cobertura territorial, espacios disponibles y número de beneficiarios.
Además, se pidió al secretario de Hacienda, José Andrés Pulido Saavedra, informar si dentro del Presupuesto de Egresos 2026 existen partidas específicas destinadas a la prevención y tratamiento de adicciones.
El exhorto también contempla solicitar al Gobierno del Estado la elaboración de un plan integral de atención a las adicciones en coordinación con dependencias de salud, seguridad, educación y el Instituto de Psiquiatría del Estado.
De igual forma, se planteó fortalecer los centros públicos de tratamiento y promover programas preventivos en escuelas, espacios comunitarios y colonias con alta incidencia de consumo.
La propuesta fue respaldada por el Pleno del Congreso local como parte de las acciones orientadas a fortalecer la prevención y atención de adicciones en Baja California.
