La Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana informó sobre el incremento en los recursos y demandas de nulidad relacionados con actos administrativos derivados de operativos de alcoholimetría, así como sobre la autorización aprobada por el Cabildo para atender estos procedimientos.
De acuerdo con la información presentada por la dependencia, durante 2025 se recibieron 653 demandas de nulidad relacionadas con actos administrativos en materia de alcoholimetría. Al 11 de septiembre de 2026, la cifra ascendía a 998 casos, lo que representa un aumento aproximado de 52 por ciento respecto al año anterior.
La Sindicatura señaló que, de mantenerse esta tendencia, podrían registrarse alrededor de mil 440 casos al cierre de 2026, lo que representaría un incremento anual aproximado de 120 por ciento en comparación con 2025.
Ante este escenario, la síndica procuradora Teresita Balderas Beltrán destacó la importancia de la autorización aprobada por el pleno, al considerar que permitirá atender un asunto relacionado con la seguridad vial y con la actuación administrativa en materia de alcoholimetría.
Balderas Beltrán sostuvo que la medida busca fortalecer los procedimientos administrativos bajo criterios que, de acuerdo con su planteamiento, permitan contar con actuaciones actualizadas y jurídicamente sustentadas, además de atender los casos de manera oportuna.
La funcionaria señaló que entre los casos en los que el Tribunal otorgaba recursos de inconformidad se encontraban principalmente procedimientos relacionados con vehículos reincidentes y de reciente modelo.
La síndica procuradora aclaró que el sentido de su voto no tiene como objetivo limitar el derecho de defensa de la ciudadanía ni interferir con la autonomía de los órganos jurisdiccionales, sino fortalecer jurídica y técnicamente los operativos de alcoholimetría contemplados en la legislación vigente.
De acuerdo con Balderas Beltrán, el objetivo de estas acciones es contribuir a la protección de la seguridad vial y al derecho de las personas a una movilidad libre y segura, mediante procedimientos administrativos con reglas claras y sustento jurídico.
