El abogado Marcos Carlón denunció que el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) realiza cobros y remolques sin criterios claros en Ensenada. El integrante del Colegio de Abogados de Ensenada señaló que estas prácticas afectan a microempresas y trabajadores independientes. Según el litigante, la autoridad aplica sanciones sin procedimientos uniformes a personas que utilizan su vehículo como herramienta de trabajo diaria.
Carlón explicó que el IMOS exige actualmente un doble registro para diversas unidades productivas. Además del padrón vehicular general, los propietarios deben inscribirse ante este instituto estatal. Sin embargo, no existe una delimitación precisa entre el uso privado productivo y el servicio público. Esta falta de claridad eleva los costos operativos para comerciantes y prestadores de servicios que dependen de sus unidades.
También, el abogado reportó casos de remolques aplicados sin una infracción de tránsito comprobable. Las multas se imponen por documentos vencidos o supuestas fallas mecánicas sin una revisión técnica formal. Carlón sostuvo que la ausencia de lineamientos estandarizados permite decisiones discrecionales de los inspectores. Finalmente, advirtió que este escenario facilita posibles prácticas de corrupción durante los operativos de vigilancia.
Estas acciones impactan severamente a sectores con márgenes financieros limitados en la ciudad. Entre los afectados destacan recolectores de grasa, vendedores ambulantes y microempresas locales. Además, los afectados deben enfrentar trámites burocráticos lentos y pagos adicionales para recuperar sus herramientas de trabajo.
El representante del Colegio de Abogados solicitó que el IMOS revise sus esquemas de supervisión y registro. Pidió establecer reglas proporcionales que distingan claramente entre el transporte de pasajeros y el uso privado productivo. Asimismo, sugirió implementar procedimientos de advertencia previa para corregir irregularidades menores.
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