El Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal de Baja California para incrementar las sanciones en casos de violencia familiar cuando exista reincidencia por parte del agresor o cuando los hechos ocurran en presencia de niñas, niños y adolescentes.
Con 18 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, las y los diputados avalaron el Dictamen No. 28 de la Comisión de Justicia, derivado de una iniciativa presentada por el diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros.
De acuerdo con lo expuesto en el dictamen, la presencia de personas menores de edad durante actos de violencia familiar constituye un factor agravante, debido a las afectaciones que este tipo de situaciones puede generar en su desarrollo emocional, la construcción de su personalidad y la manera en que perciben las relaciones interpersonales.
La Comisión dictaminadora consideró que la exposición de niñas, niños y adolescentes a estos entornos violentos amplía las consecuencias de la agresión más allá de la víctima directa, impactando al núcleo familiar en su conjunto.
Con la modificación al artículo 242 BIS del Código Penal del Estado, se establece que la pena mínima y máxima podrá incrementarse hasta en una mitad cuando exista reincidencia por parte del agresor, cuando la violencia sea ejercida contra una persona con discapacidad, una mujer embarazada o una persona adulta mayor, así como cuando los actos se cometan en presencia de niñas, niños o adolescentes.
Asimismo, la reforma contempla que, atendiendo a la gravedad de la conducta y a criterio de la persona juzgadora, podrá imponerse la suspensión o pérdida del ejercicio de la patria potestad, tutela o guarda y custodia respecto de personas menores de 18 años, personas adultas mayores o personas con discapacidad.
El dictamen también establece que, en ningún caso, el Ministerio Público remitirá a mediación o a mecanismos alternativos de solución de controversias a las víctimas de violencia familiar.
Con esta reforma, el Congreso del Estado busca fortalecer la protección de las víctimas y reforzar las medidas legales frente a conductas que afectan la integridad y seguridad de las familias bajacalifornianas.
