La diputada Dunnia Montserrat Murillo López presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado de Baja California y armonizar sus disposiciones con la legislación general en materia de educación indígena, intercultural y plurilingüe.
La propuesta busca ampliar el reconocimiento de los derechos educativos, culturales y lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, así como de las comunidades afromexicanas, personas migrantes y jornaleras agrícolas.
En su exposición de motivos, la legisladora señaló que Baja California es una entidad plural en la que conviven los pueblos indígenas originarios reconocidos por la legislación estatal —Kiliwa, Kumiai, Pai Pai, Cucapá y Cochimí—, además de comunidades afromexicanas y una población jornalera agrícola de origen indígena migrante, particularmente en la región del Valle de San Quintín.
Murillo López explicó que el reconocimiento expreso de las personas migrantes y jornaleras agrícolas permitiría dar mayor visibilidad normativa a un sector estudiantil que enfrenta dificultades para acceder, permanecer y concluir oportunamente sus estudios debido a la naturaleza itinerante de las actividades laborales de sus familias.
Entre las modificaciones planteadas se encuentra una nueva redacción para el artículo 31 de la Ley de Educación estatal, con la finalidad de establecer que el Estado garantice los derechos en materia de educación, cultura y lengua bajo condiciones de inclusión, equidad, igualdad de oportunidades, pertinencia y no discriminación para las personas y comunidades contempladas en la propuesta.
Asimismo, la iniciativa plantea modificar el artículo 32 para establecer que las autoridades educativas estatales realicen consultas previas, libres, informadas y de buena fe cuando se prevean medidas educativas relacionadas con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, respetando su autodeterminación conforme al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La propuesta contempla que la autoridad educativa estatal se coordine con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, así como con sus representaciones u homólogas en Baja California, para coadyuvar en los procesos de consulta.
También plantea la creación de un comité de seguimiento de la consulta, integrado por autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y representantes de las comunidades afromexicanas asentadas en la entidad, de acuerdo con los términos que determine la autoridad educativa estatal.
Otro de los cambios propuestos corresponde al artículo 33 BIS, mediante el cual se busca establecer la obligación del Estado de documentar, investigar y difundir la tradición oral, escrita y los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas y afromexicanas de Baja California.
La iniciativa plantea además que las autoridades tradicionales y representantes de las comunidades participen en la identificación de dichas tradiciones y conocimientos, para posteriormente promover su incorporación como parte de los contenidos de la educación pública dentro de cada comunidad indígena o afromexicana.
La propuesta fue presentada ante el Congreso del Estado y deberá continuar con el proceso legislativo correspondiente para su análisis y, en su caso, discusión y votación.
