La XXV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California aprobó el Dictamen Número 115 de la Comisión de Gobernación para remitir una iniciativa de reforma ante el Congreso de la Unión, con el propósito de modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La propuesta, presentada por el diputado Juan Manuel Molina García, busca autorizar a elementos de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia la portación de armas para legítima defensa fuera de su horario laboral.
El legislador sostuvo que el planteamiento responde a la necesidad de salvaguardar la vida de los efectivos policiales ante atentados registrados en la entidad. Tras la invalidación previa de la reforma local por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al determinar que la materia es competencia exclusiva de la Federación, la soberanía estatal encauzó el proyecto al ámbito federal para su análisis legislativo con alcance nacional.
La iniciativa plantea la creación de una licencia individual especial que estará condicionada a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas periódicas, capacitaciones continuas en manejo responsable y revisión de antecedentes disciplinarios. Asimismo, la normativa prevé un registro individualizado del armamento, la obligatoriedad de reportar cualquier incidente derivado de su uso y la aplicación de sanciones que incluyen la revocación del permiso e implicaciones penales ante eventuales irregularidades.
