Los gobiernos de Baja California y México realizaron la tercera entrega de tarjetas del Programa de Mejoramiento de Viviendas en Ensenada y San Quintín, como parte del Plan de Justicia para Jornaleros Agrícolas impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con la información oficial, el programa contempla 36 mil apoyos de 40 mil pesos cada uno, destinados a realizar mejoras en las viviendas de familias jornaleras de ambos municipios, con el objetivo de contribuir a que cuenten con espacios habitacionales dignos y seguros.
Durante la entrega, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda señaló que el Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín continuará atendiendo las necesidades de las comunidades. También destacó la importancia de coordinar esfuerzos entre los gobiernos estatal y federal, particularmente ante las afectaciones ocasionadas por la tormenta Rachel.
Por su parte, la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, indicó que los apoyos se entregan de manera directa, gratuita y sin intermediarios. Explicó que el Centro de Atención a las Personas Agrícolas participa en la coordinación de las acciones del plan.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Edna Elena Vega Rangel, informó sobre las acciones relacionadas con la regularización de la tenencia de la tierra, parcelas y solares, con la participación del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria. También mencionó el impulso a proyectos de vivienda nueva plurifamiliar.
En tanto, la delegada de Bienestar Federal en Baja California, Carmen Antuna, señaló que la meta contempla 13 mil acciones de vivienda en Ensenada y 23 mil en San Quintín. Añadió que la inversión acumulada en la región se aproxima a los mil millones de pesos.
Las acciones forman parte de la estrategia de atención a las familias jornaleras de la región, con apoyos económicos para el mejoramiento de vivienda y medidas orientadas a brindar certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra.
