EE.UU.- El presidente electo Donald Trump ha prometido eliminar el Departamento de Educación de Estados Unidos, argumentando que representa una intromisión excesiva del gobierno federal en la educación de los estadounidenses. Durante su campaña, Trump señaló repetidamente a la agencia como símbolo de la “extravagancia” burocrática y de la “imposición” de valores a los jóvenes del país. En un mitin reciente en Wisconsin, reafirmó su compromiso de “drenar el pantano de la educación gubernamental”.
La abolición del Departamento de Educación implicaría significativos cambios para el sistema educativo de EE.UU. Desde su creación en 1979, bajo la administración del presidente Jimmy Carter, la agencia ha administrado fondos críticos y programas federales que han beneficiado a estudiantes de bajos ingresos y con discapacidades. Entre estos, el programa Título I y el programa IDEA, que destinan anualmente más de $28 mil millones a las escuelas primarias y secundarias de todo el país. Sin embargo, a pesar de esta inversión, el financiamiento federal solo representa alrededor del 10% del total de fondos escolares, ya que la mayor parte proviene de impuestos estatales y locales.
Trump aún no ha detallado cómo implementaría el cierre del departamento, un proceso que requiere aprobación del Congreso. Históricamente, propuestas para eliminar o fusionar esta agencia federal han enfrentado una fuerte resistencia. Incluso durante la administración de Ronald Reagan y en el primer mandato de Trump, ambos intentos de reducir la influencia del departamento o fusionarlo con el Departamento de Trabajo no prosperaron debido a la falta de apoyo en el Congreso.
Además, la desaparición del Departamento de Educación plantearía interrogantes sobre la gestión de programas de financiamiento educativo. Expertos como Marguerite Roza, de la Universidad de Georgetown, advierten que aunque los fondos federales destinados a la educación no se eliminarían automáticamente, la redistribución de estos programas a otras agencias podría afectar su supervisión y condiciones de uso. Sin una estructura centralizada, la fiscalización y el cumplimiento de normas podrían diluirse, lo que preocupa a quienes abogan por una mayor igualdad en el acceso a la educación.
El departamento también juega un papel crucial en la supervisión de derechos civiles en el ámbito educativo, investigando casos de discriminación y desarrollando reglamentos en temas como las políticas para estudiantes transgénero y la condonación de préstamos estudiantiles. La eliminación de esta agencia dejaría vacíos en la regulación de derechos y en la supervisión del sistema educativo, aunque los estados y las juntas escolares locales mantendrían sus respectivas competencias.
En el contexto actual, con una mayoría republicana en el Senado y un Congreso dividido, no es claro si la propuesta de Trump prosperará. Sin embargo, de avanzar, esta medida abriría un debate sobre la estructura y la gestión de la educación pública en Estados Unidos, así como sobre el papel del gobierno federal en su regulación.
