Ciudad de México.- Este miércoles, el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, tanto en lo general como en lo particular, el dictamen de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta propuesta busca otorgar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, nuevas facultades para investigar delitos en México.
La reforma, que modifica el artículo 21 de la Constitución, plantea una ampliación en las competencias de la SSPC, permitiendo que la investigación de delitos no sea exclusiva del Ministerio Público, la Guardia Nacional y las policías estatales, sino que también incluya a esta dependencia federal. El objetivo es fortalecer la capacidad de la SSPC para coordinar esfuerzos de seguridad pública y de inteligencia en el país.
Según el dictamen, la medida tiene como fin habilitar a los agentes de la SSPC para investigar y desarrollar información estratégica e inteligencia en materia de seguridad pública, manteniendo una coordinación efectiva con la Fiscalía General de la República y otras corporaciones de seguridad. Este enfoque se centra en un modelo de investigación basado en inteligencia, datos y análisis estratégico, buscando optimizar los recursos en la lucha contra el crimen.
El dictamen también establece que la SSPC asumirá la responsabilidad de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, liderando las acciones conjuntas entre los tres niveles de gobierno. Esto incluirá la capacidad de solicitar información clave para esclarecer hechos delictivos y coordinar esfuerzos a nivel nacional.
Además, se subraya la importancia de utilizar los avances tecnológicos en el proceso de investigación. De acuerdo con el documento aprobado, esta estrategia permitirá que la investigación de delitos se base en inteligencia valiosa, logrando una asignación más eficiente de los recursos policiales y mejorando la efectividad en la resolución de casos.
La reforma constituye un paso importante en la reorganización de la seguridad pública en México, al permitir una mayor colaboración y coordinación entre los distintos actores encargados de la protección de la ciudadanía y el combate al crimen.
