Mexicali, B.C., sábado 8 de febrero de 2025.- Para fortalecer el derecho de petición y garantizar que las solicitudes ciudadanas no queden sin respuesta, el diputado Diego Echevarría Ibarra presentó iniciativa de reforma al artículo 8 de la Constitución del Estado, estableciendo un plazo máximo de tres meses para que las autoridades emitan una respuesta y, en los casos que la ley determine, ante la falta de contestación, la petición se considere resulta en sentido afirmativo (afirmativa ficta).
Diego Echevarría destacó que actualmente no existe un término constitucional que obligue a las autoridades estatales a contestar en un tiempo determinado, lo que provoca incertidumbre jurídica y posibles dilaciones injustificadas. “Con esta reforma, se busca garantizar que el derecho de petición sea efectivo, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública”.
Agregó que esta modificación asegurará que el derecho de petición no quede sujeto a la discrecionalidad de cada autoridad ni se convierta en un mero trámite formal que pueda postergarse indefinidamente.
El legislador explicó que esta reforma se apega a las facultades del Congreso y al principio del federalismo, sin contradecir la Constitución federal, sino que se otorga mayor eficacia y operatividad a un derecho que es esencial para la interacción entre gobernantes y gobernados.
Otras entidades, como Veracruz, han implementado esquemas similares para dar certeza a la ciudadanía y agilizar los trámites gubernamentales. En ese sentido, consideró que Baja California debe avanzar en la misma dirección, asegurando que el acceso a la gestión pública no dependa de la discrecionalidad de las autoridades.
“Esta iniciativa se basa en el principio de progresividad de los derechos humanos, garantizando a la ciudadanía un mecanismo más eficiente para interactuar con el gobierno y obtener respuestas en tiempo y forma”, reiteró Echevarría Ibarra.
