Un total de 368 ciudadanos fueron nombrados este jueves como parte de la primera generación de Comisarios Sociales Honorarios, un programa impulsado por la Sindicatura Procuradora de Tijuana con el objetivo de reforzar la vigilancia ciudadana sobre obras, trámites y servicios del gobierno municipal.
Durante una ceremonia realizada en el patio central del Palacio Municipal, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz destacó que su administración mantendrá una política de “cero tolerancia” ante cualquier acto de corrupción, e hizo énfasis en la importancia de contar con una ciudadanía activa que supervise directamente el ejercicio público.
“El mensaje debe ser claro para todas y todos los servidores públicos: no permitiremos actos indebidos. Con este programa, generamos condiciones reales para que la comunidad vigile y denuncie cuando algo no se haga de forma correcta”, expresó el presidente municipal.
Los Comisarios Sociales Honorarios estarán distribuidos en las nueve delegaciones de la ciudad y tendrán la tarea de observar que los trámites gubernamentales, obras públicas y servicios se desarrollen con legalidad, eficiencia y transparencia. Además, podrán reportar irregularidades a través de mecanismos establecidos por la Sindicatura.
La titular de la Sindicatura Procuradora, Teresita Balderas, explicó que las y los comisarios fueron capacitados previamente sobre sus funciones, derechos y obligaciones, mediante un curso impartido por el órgano de control municipal, que les permite actuar con fundamento y responsabilidad.
“No son improvisados. Han recibido una preparación que los respalda y legitima para desempeñar su papel como vigilantes ciudadanos”, aseguró Balderas.
El programa forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, pilares del actual gobierno municipal. Se contempla, además, la creación de un sistema digital donde los comisarios puedan documentar y reportar observaciones en tiempo real, agilizando los procesos de seguimiento y respuesta por parte de las autoridades correspondientes.
Con esta acción, Tijuana se suma a una tendencia nacional e internacional de involucrar a la ciudadanía en los procesos de fiscalización y vigilancia, permitiendo una relación más cercana entre gobierno y comunidad.
