Con el objetivo de combatir una problemática creciente que afecta tanto a los propietarios de vehículos como al medio ambiente, el diputado Juan Manuel Molina García presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California, enfocada en sancionar con mayor severidad el robo de catalizadores automotrices.
La propuesta contempla imponer penas de uno a tres años de prisión, así como multas que van de 50 a 1,500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quienes roben catalizadores o gestionen sus residuos sin contar con la autorización ambiental correspondiente.
Molina García señaló que el aumento en estos robos está relacionado con el alto valor de los metales preciosos que contienen los catalizadores, como el platino, paladio y rodio, lo que ha derivado en una red ilegal de reventa y reciclaje de estas piezas. Además, subrayó que esta actividad ilegal tiene serias consecuencias ambientales, ya que la ausencia del catalizador en los vehículos eleva considerablemente las emisiones contaminantes y contribuye a la contaminación auditiva.
“Más allá del daño económico para las y los ciudadanos, el robo de catalizadores representa una amenaza para la calidad del aire y para la salud pública. Necesitamos una legislación que no solo castigue el robo, sino que también regule adecuadamente el manejo y comercialización de estos residuos peligrosos”, enfatizó el legislador.
La iniciativa incluye un nuevo artículo en el Código Penal estatal, con el cual se busca frenar la comercialización ilícita de catalizadores usados y desincentivar su sustracción, al castigar tanto al ladrón como al gestor o comprador que no cumpla con las normas ambientales vigentes.
Molina García concluyó que esta reforma es parte de un esfuerzo integral por fortalecer la protección al medio ambiente y la seguridad ciudadana, enviando un mensaje claro a quienes lucran con actividades que generan un grave impacto social y ecológico.
