Un grupo de maestros jubilados y pensionados pertenecientes a la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exigió al gremio el cumplimiento del pago del seguro institucional de defunción, correspondiente a colegas que fallecieron durante los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19.
La reunión se llevó a cabo en la Casa del Maestro Jubilado, donde los docentes señalaron que los adeudos pendientes datan desde julio de 2020 hasta diciembre de 2021, periodo en el que cientos de trabajadores de la educación perdieron la vida a causa del virus.
María del Carmen García, secretaria de Pensionados y Jubilados de la Sección 2, explicó que el seguro fue descontado puntualmente a los docentes durante años, incluso durante toda su vida laboral activa. Sin embargo, tras su fallecimiento, el beneficio no fue entregado a sus familiares, lo que calificó como un acto de injusticia y desamparo institucional.
“Es un derecho que les corresponde. Se les descontó su seguro cada quincena, pero al momento de la muerte, cuando las familias más lo necesitaban, no se hizo válido”, señaló García.
Según cifras compartidas por los representantes del grupo, al menos 250 familias se encuentran afectadas por esta omisión. La mayoría son viudas y viudos —también pertenecientes al gremio educativo— así como hijos e hijas que enfrentaron la pérdida de sus seres queridos sin recibir el respaldo económico correspondiente.
Los maestros indicaron que otorgarán un plazo hasta el próximo 15 de mayo para recibir una respuesta por parte de las autoridades sindicales o institucionales. En caso de no obtener solución, anunciaron que recurrirán a manifestaciones públicas y posibles plantones.
“El magisterio merece respeto, incluso después de la vida. No es justo que el SNTE ni la autoridad educativa respondan ante un compromiso económico que se sustentó en aportaciones constantes por parte de los trabajadores”, expresaron.
El caso pone nuevamente sobre la mesa las deudas pendientes con los docentes afectados por la pandemia, y la falta de cumplimiento de los seguros institucionales que, en teoría, debieron representar una garantía para sus familias en momentos de pérdida.
Fotografías: Chris Noyola
