La diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas presentó una iniciativa de reforma a la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Baja California, con el objetivo de establecer un programa de estímulos fiscales y administrativos para empresas de transporte público que integren medidas de accesibilidad en sus unidades y servicios.
Durante la exposición de motivos, la legisladora señaló que esta propuesta no constituye una concesión, sino una medida que busca reconocer los derechos plenos de las personas con discapacidad, especialmente en lo relativo a su derecho a la movilidad.
“Garantizar su acceso al transporte público representa una acción concreta que da contenido real al discurso de igualdad e inclusión”, indicó la diputada, quien forma parte del grupo parlamentario de Morena.
La iniciativa propone adicionar una fracción XVI al artículo 8 de dicha ley, estableciendo beneficios como:
- Deducciones o exenciones en impuestos estatales, como el Impuesto sobre Nómina y derechos de renovación de concesiones.
- Subsidios directos o cofinanciamiento para la compra o adaptación de unidades con accesibilidad universal.
- Certificaciones oficiales como empresas incluyentes, bajo criterios de responsabilidad social.
Miramontes Plantillas destacó que este enfoque busca transitar de un modelo fiscalizador tradicional a uno de incentivo positivo, alineado con prácticas de inclusión aplicadas en otras entidades y países.
Uno de los objetivos establecidos es que, en un plazo de cinco años, al menos 80 por ciento de las unidades del transporte público en Baja California cuenten con criterios de accesibilidad.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), más del 60 por ciento de las personas con discapacidad en México enfrenta barreras para acceder al transporte público, situación que incide directamente en sus posibilidades de participación económica: solo el 39 por ciento forma parte de actividades laborales remuneradas.
La propuesta será turnada a comisiones para su análisis, discusión y eventual dictaminación en el Congreso local.
