En una votación marcada por la división partidista, el Senado aprobó este 30 de junio la nueva Ley de la Guardia Nacional, trasladando a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la organización, formación y control operativo de la corporación creada hace seis años. La reforma, avalada con 75 votos a favor y 34 en contra, confiere al Ejército facultades de inteligencia, administración y disciplina sobre un cuerpo que se concibió originalmente con mando civil, y agudiza el debate sobre la militarización de la seguridad pública en México.
La ruta del decreto comenzó el 24 de junio, cuando la Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto con 351 votos a favor y 124 en contra, enviándolo al Senado para su revisión. Tras una semana de negociaciones, la mayoría de Morena y sus aliados cerraron filas para sacar adelante el dictamen que modifica ocho leyes secundarias —entre ellas la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia— y expide un nuevo marco normativo para la Guardia Nacional.
¿QUÉ CAMBIA CON LA REFORMA?
| Aspecto | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| Mando | Civil (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) | Sedena asume la jefatura operativa y administrativa |
| Formación | Mezcla de doctrina civil‑militar | Adiestramiento 100 % militar en planteles castrenses |
| Facultades clave | Prevención del delito y apoyo federal | Añade inteligencia, contrainteligencia e intervención de comunicaciones con autorización judicial |
La legislación ratifica que la Guardia Nacional podrá prevenir delitos, restablecer el orden público y salvaguardar la integridad de las personas, pero ahora le otorga capacidad para intervenir llamadas, correos y redes previa orden judicial, siguiendo el Código Nacional de Procedimientos Penales.
REACCIONES Y RIESGOS SEÑALADOS
- Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró en Campo Marte que “la Guardia se consolida como parte del Ejército con mando propio y formación militar”, subrayando la disciplina y rapidez operativa que, a su juicio, aporta la Sedena.
- Oposición. PAN, PRI y MC acusaron que la reforma perpetúa la militarización y desdibuja controles civiles sobre la fuerza pública.
- ONU‑DH y Amnistía Internacional. Advirtieron que el traslado total a la Sedena eleva el riesgo de abusos de derechos humanos y dificulta la rendición de cuentas.
- Expertos independientes. Columnistas y académicos señalan que el nuevo esquema podría borrar la línea que separa la defensa nacional de la seguridad interior, contrariando las recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU de septiembre de 2024.
¿QUÉ FALTA PARA QUE ENTRE EN VIGOR?
- Promulgación presidencial. El decreto fue enviado al Ejecutivo y se publicará en el Diario Oficial de la Federación en los próximos días.
- Leyes complementarias. El Congreso aún debe armonizar reglamentos internos y el esquema presupuestal de la Sedena para absorber a más de 130 000 elementos.
- Impugnaciones. Partidos opositores y organizaciones civiles anuncian acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, alegando violaciones a los artículos 21 y 129 de la Carta Magna.
¿CÓMO IMPACTA A LA CIUDADANÍA?
- Presencia en las calles. Es previsible un aumento de efectivos de la Guardia Nacional—ya con estructura castrense—incluso en labores de proximidad que antes correspondían a policías estatales y municipales.
- Intervención de comunicaciones. Las escuchas solo pueden realizarse con autorización judicial, pero organizaciones piden vigilar que los filtros legales se respeten.
- Denuncias y transparencia. Cualquier abuso deberá documentarse ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y plataformas de control interno de la Sedena, que prometió un portal de quejas en línea.
La reforma direcciona la estrategia de seguridad pública: un cuerpo originalmente civil pasa a depender orgánicamente del Ejército, con mayores poderes de investigación y sin contrapeso civil directo. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como garantía de disciplina, los organismos internacionales temen retrocesos en derechos humanos y transparencia. El desenlace judicial —y la implementación diaria en las calles— determinarán si la nueva Guardia Nacional refuerza la seguridad o profundiza la militarización del país.
Fotografías: Marco Ugarte
