El Gobierno de Baja California informó este miércoles que se han presentado un total de 50 denuncias penales por presuntos actos de corrupción, como parte de una estrategia estatal que busca fortalecer la vigilancia institucional y la participación ciudadana en el combate a irregularidades administrativas.
Durante un evento realizado en Ensenada, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dio a conocer que 30 de las denuncias han sido interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y otras 20 ante la Fiscalía General del Estado (FGEBC), derivando hasta el momento en la judicialización de nueve casos que involucran un monto acumulado cercano a los 570 millones de pesos.
De acuerdo con la información presentada, la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, encabezada por Gabriela Monge Pérez, ha liderado este esfuerzo que también incluye 56 auditorías, 90 revisiones y 71 recomendaciones ciudadanas derivadas del trabajo de 103 Comités de Obra distribuidos en todo el estado.
Uno de los casos más recientes tuvo lugar en Ensenada, donde tras una denuncia ciudadana vinculada a presuntas irregularidades en procesos de regularización vehicular, el Grupo Operativo de Reacción Inmediata identificó a cinco personas involucradas en hechos posiblemente constitutivos de delitos como tráfico de influencias, promoción de conducta ilícita y cohecho. La denuncia fue impulsada tras un reporte hecho público por un medio de comunicación local.
Además, la administración estatal informó que a través de las Unidades Móviles de Atención se han canalizado 1,374 servicios en oficinas de Recaudación de Rentas del Estado, permitiendo a la ciudadanía presentar quejas y sugerencias de forma directa.
Como resultado de acciones legales emprendidas por el actual gobierno, la institución bancaria Afirme restituyó recientemente 172 millones de pesos al erario estatal, recurso que será reincorporado al presupuesto público.
Las autoridades señalaron que la entidad cuenta actualmente con mecanismos accesibles para la presentación de denuncias ciudadanas, tanto en formato físico como digital, a través de módulos, enlaces en dependencias y el portal oficial del Gobierno del Estado.
