Edgar Hernández González, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada y coordinador de la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial, encendió las alarmas. Señaló que la violencia y la impunidad ya cruzaron cualquier límite tolerable y golpean directo a la economía formal, la paz social y las instituciones. “No hablamos de casos aislados. Hablamos de un patrón que se consolidó”, advirtió.
Según Hernández, el mapa criminal cambió. Antes se atribuían hechos a “ajustes” entre grupos. Hoy los ataques pegan al corazón del sector productivo y a autoridades. Además, directivos del ámbito pesquero y profesionistas con arraigo local han sido asesinados en vía pública. También registraron incendios provocados y agresiones con bombas molotov contra oficinas, vehículos de cooperativas y restaurantes de mariscos. El saldo no sólo es material. El miedo ya distorsiona decisiones de inversión.
El líder empresarial cuestionó los resultados operativos. Aseguró que los detenidos pertenecen a eslabones bajos, lo que alimenta la repetición del delito. “Arrestar a dos sicarios en un estado con mil 200 homicidios al año no inhibe nada”, dijo. Por ello, pidió recalibrar tácticas y escalar la coordinación.
Hernández destacó un punto crítico: los recientes ataques contra oficinas de la Fiscalía General del Estado en Ensenada. Uno de los inmuebles se ubica a pocos metros de instalaciones de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Fiscalía General de la República. Aun con esa presencia, no se observó una reacción inmediata que contuviera a los agresores. El referente de Tijuana, añadió, revela otra falla: las autoridades tardaron días en pronunciarse y sólo reportaron tres detenciones.
El discurso oficial tampoco cuadra con la experiencia ciudadana. Hernández citó la “cifra negra” de 2024 para Ensenada: 89.9% de delitos que no se denuncian o no llegan a juicio. “Mientras nueve de cada diez hechos quedan fuera del sistema, hablar de reducción suena a maquillaje”, señaló. Así, la brecha entre narrativa y realidad erosiona la confianza.
Llamamiento a la alcaldesa.
Ante el escenario, lanzó un llamado directo a la alcaldesa Claudia Agatón. Primero, solicitó pedir de inmediato la intervención del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, para aplicar en Ensenada un esquema de inteligencia y coordinación de alcance nacional. Después, exigió ordenar acciones disuasivas y sostenidas con FGE, Guardia Nacional, SEDENA y SEMAR, ya desplegadas en el municipio. Finalmente, pidió reconocer la crisis de impunidad y abandonar la complacencia con estadísticas a la baja.
“Las empresas y las familias necesitan certidumbre hoy, no promesas para mañana. Vivir en paz es un derecho, no un privilegio”, concluyó.
Fotografía: Cortesía
