El Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada (CICE) encendió las alarmas: la oferta de casas de 40 metros cuadrados o menos en Baja California no solo resulta insuficiente, también contraviene la normatividad vigente. Así lo sostuvo su presidente, Ricardo Herrera Magdaleno, al presentar un análisis técnico-legal sobre superficie habitacional y jerarquía normativa.
Herrera afirmó que la reducción extrema del metraje ha traído efectos medibles en la convivencia y la salud. El hacinamiento, dijo, multiplica el estrés familiar y deteriora el bienestar físico y mental. Durante la pandemia de COVID-19, estos impactos se hicieron evidentes en miles de hogares.
El CICE subrayó que existe un estándar obligatorio que las autoridades deben aplicar: 90 m² como óptimo y 60 m² en esquema progresivo. Ese piso normativo, precisó, deriva de la Constitución y de la Ley Federal de Vivienda, a cargo de SEDATU y CONAVI. Además, la ley exige espacios suficientes: al menos dos recámaras, un baño, cocina y estancia-comedor. “Una familia promedio de 3.4 integrantes no cabe dignamente en 40 m²”, remarcó.
El dictamen también baja a lo local.
La Ley de Edificaciones de Baja California impone criterios de seguridad estructural, higiene, accesibilidad y movilidad incluyente. En Ensenada, agregó, el Ayuntamiento está obligado a verificar estudios y memorias de uso de suelo, así como a aplicar los coeficientes de ocupación y utilización (COS y CUS). Esto implica revisar impactos viales, hidráulicos y sanitarios antes de autorizar cualquier conjunto habitacional.
Para el CICE, la salida no está en seguir expandiendo fraccionamientos de baja densidad, sino en ordenar la densificación y promover vivienda vertical donde el suelo es limitado. Esa estrategia permitiría alcanzar los 90 m² (o 60 m² progresivos) sin sacrificar espacio público ni colapsar servicios.
Sobre los proyectos federales de “vivienda del bienestar” de 60 m², el Colegio pidió reglas claras: lotes mínimos de 120 m² (idealmente 140 m²), frente de 6 a 7 metros, COS de 0.6 y CUS de 1.2, y una densidad de 45 viviendas por hectárea. Las ampliaciones, añadió, deben planearse hacia patios traseros, no hacia cocheras, para no invadir banquetas ni derechos de vía. También solicitó contemplar cajones para vehículos de mayor tamaño, y resolver desde el diseño la seguridad estructural y el confort térmico.
El organismo profesional advirtió que repetir viejos esquemas—miles de viviendas minúsculas, lejos de escuelas, salud y empleo—vuelve a sembrar fracaso urbano. “No es solo un tema de arquitectura; es legal, social y de derechos humanos”, señaló Herrera. El llamado final fue directo: que federación, estado y municipio apliquen la ley, ordenen el mercado y garanticen espacios habitables que protejan a las familias.
Fotografía: Cortesía
