El abogado Marcos Carlón, integrante del Colegio de Abogados de Ensenada, alertó sobre los riesgos económicos que representan las propuestas de reforma a la legislación hídrica. Durante una sesión informativa, el jurista explicó que las modificaciones al régimen de concesiones federales podrían frenar proyectos productivos en Baja California. El impacto principal se observaría en los sectores agrícola, industrial y turístico.
Las propuestas legislativas buscan actualizar las reglas para la operación, renovación y transmisión de los títulos de aprovechamiento del recurso hídrico. Carlón señaló que la incertidumbre surge por la falta de mecanismos claros de transición normativa para los actuales concesionarios.
Según el especialista, cualquier ajuste que altere las condiciones originales de los permisos afecta la planeación financiera de las empresas a largo plazo. Por ello, las compañías deben prepararse para revisiones administrativas más estrictas por parte de la autoridad.
PREVENCIÓN ANTE LEY DEL AGUA
El integrante del CAE destacó que la concentración de facultades en la autoridad administrativa reduce la previsibilidad para quienes ya realizaron inversiones millonarias. Advirtió además que la ambigüedad en la ley podría acelerar la salida de capitales hacia otras regiones con mayor seguridad normativa. Ante este panorama, el abogado recomendó a los sectores productivos realizar auditorías internas bajo los siguientes criterios de prevención:
•Vigencia de títulos: Revisar las fechas exactas de vencimiento para iniciar los trámites de prórroga con suficiente antelación.
•Volúmenes de extracción: Verificar que los metros cúbicos utilizados coincidan estrictamente con los autorizados en el documento legal.
•Transmisión de derechos: Formalizar ante la federación cualquier proceso de compra o cesión de derechos que se encuentre pendiente.
•Uso del recurso: Asegurar que el destino del agua (industrial, comercial o agrícola) coincida con la actividad económica actual.
•Estrategia de defensa: Documentar las inversiones históricas para sustentar posibles recursos de amparo ante cambios en las reglas originales.
Carlón afirmó que la seguridad jurídica es tan vital para el desarrollo como la infraestructura o la disponibilidad física del agua. Sostuvo que toda reforma debe buscar un equilibrio entre la sustentabilidad ambiental y la estabilidad económica regional. El Colegio de Abogados de Ensenada exhortó a los usuarios a consultar el estado de sus permisos ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para evitar sanciones.
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